La aprobación de parte de la Comisión de Constitución en general del proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% desde las AFP, dejó diversas reacciones en torno al actuar del gobierno frente a la crisis económica que trajo consigo el coronavirus. Una de esas voces, fue la del presidente de dicha instancia, el DC Ignacio Walker, quien manifestó su conformidad con la votación pero lamentó que los "trabajadores tengan que pagar el costo de la crisis".
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"Continuamos con la pandemia,
el Gobierno renueva el discurso de la situación de emergencia pero no renueva el IFE
. Vemos las cifras de desempleo que son altas. (Por lo tanto) Mientras se mantenga el estado de catástrofe, se mantenga la pandemia, no llegue la vacuna, debemos contar con un instrumento, a falta de una propuesta del Gobierno, para que las personas puedan paliar los efectos de esta crisis de la mejor forma", sostuvo Walker en el programa Vía Pública de 24 Horas. En esa línea, el diputado lamentó que se deban usar los ahorros previsionales para enfrentar la crisis y expuso que desde su sector, han propuesto una serie de alternativas pero que el Ejecutivo se ha negado a legislar sobre la materia. "No quisiéramos que fueran los ahorros previsionales de los trabajadores, que los costos de la crisis lo sigan pagando los trabajadores. Por eso propusimos en abril una
renta universal de emergencia para el 90%
de la población, por eso hemos propuesto que se estudie, por una única vez, un
impuesto a los grandes patrimonios
o que se
eliminen las exenciones tributarias
, que son privilegios tributarios para unos pocos".
Reserva constitucional del gobierno
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno decida enviar el proyecto al
Tribunal Constitucional
por los quórums y por considerar que es un proyecto que implica
gasto fiscal
y por consiguiente es de
iniciativa exclusiva del Presidente
, Walker argumentó que se trata de un "gasto indirecto" por lo que no procedería dicho reclamo y que en materia de quórums, tampoco es procedente la posición del Ejecutivo. "Es una reforma constitucional de una ley.
El sistema de capitalización individual en nuestro país no está regulado en la Constitución
, está bajo la Ley 3.500. Por lo tanto es completamente posible establecer en la ley que habrá un retiro excepcional", afirmó. Y completó: "El costo lo asume el afiliado, lamentablemente.
De haber costo fiscal es indirecto,
que es lo que ha señalado el actual TC: que si el costo es indirecto, no hay iniciativa exclusiva del Presidente. Además porque es una reforma Constitucional y no una norma legal. Por eso no basta con votos de oposición, se requieren los de gobierno. Hoy afortunadamente apoyaron de todos los sectores, solo con el voto en contra, válido, del diputado Jorge Alessandri".