"Será una prueba de fuego, para saber si la anatomía de la impunidad sigue mandando en Chile", sentenció Daniel Matamala al comentar la aprobación en general que el pasado mes de julio hizo la Cámara de Diputados del proyecto que sanciona con cárcel los llamados delitos de cuello y corbata.
A juicio del periodista, a la élite empresarial y política le preocupa la iniciativa que surgió ante la presión generada por los escándalos colusión, evasión y fraude electoral, entre otros, que han sido develados en los últimos años con los sobreprecios concertados de las farmacias y de los pollos, la triangulación de boletas para financiar campañas y la no declaración del gasto total de campaña.
En su columna de este domingo en La Tercera, se refirió a que en 21 años esos delitos se han considerado faltas que se pueden zanjar con multas y clases de ética, gracias a legislaciones que han evitado que instituciones como el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y también el Servicio Electoral (Servel), puedan ejercer acciones para que se indague a los responsables.
“En los últimos años algunas de esas barreras se han debilitado, por ejemplo, haciendo más viable la persecución del soborno y el cohecho. Y en julio, la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que, siguiendo estándares Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos?)”, expuso el periodista.
Catálogo de delitos de cuello y corbata
Ello, acotó, porque la iniciativa "amplía el catálogo de delitos de cuello y corbata, permite penas efectivas de cárcel en crímenes económicos y ambientales, y obliga al SII y a la FNE a querellarse en ciertos casos", cosa que antes no podían hacer porque sus directivos eran mandatados por el gobierno de turno, desde Ricardo Lagos y las dos administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, para no perseguirlos.
Daniel Matamala afirmó que "la campaña contra el proyecto ya comenzó: el exministro de Interior y actual jefe legal del grupo Luksic, Rodrigo Hinzpeter, dice que este 'olvida la regla' de igualdad ante la ley, y pide al Senado que lo 'corrija'".
"Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es la primera frase de la Constitución de Chile. Y luego consagra 'la igualdad ante la ley'. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados'. Más que a garantía, suena a parodia. Porque sabemos que, en el Chile real, lo que para unos son delitos que suponen cárcel, para otros son apenas deslices que se saldan entre caballeros", concluyó.
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