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El ministro en visita, Guillermo de la Barra, condenó a 18 años de cárcel a Raúl Escobar Poblete, más conocido como el "Comandante Emilio", por su participación y responsabilidad en el asesinato del exsenador de la UDI Jaime Guzmán en 1991.
El exfrentista deberá volver a México una vez que concluya su sentencia. En dicho país deberá seguir cumpliendo su condena de 60 años de presidio por estar acusado de liderar una banda de secuestradores en la localidad de San Miguel de Allende.
Cabe destacar que Escobar Poblete fue extraditado hacia nuestro país el 23 de septiembre de 2021 y se encuentra recluso en el penal Santiago 1.
En concreto, fue condenado como autor del delito de atentado terrorista contra una autoridad política por dispararle -junto a Ricardo Palma Salamanca- a Jaime Guzmán el 1 de abril de 1991, en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica.
En el fallo, De la Barra indicó que el acusado "en su declaración indagatoria no negó de manera explícita su participación en ese ilícito, pues la respuesta que optó por dar es que se declaraba "no culpable", dando a continuación diversas razones que, en su concepto, tornaban legítimo o, al menos, exento de reproche el "ajusticiamiento" de dicha autoridad política".
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"Es decir, en vez de refutar las evidencias probatorias que lo situaban en el lugar de los hechos como uno de los dos individuos que disparó en contra del senador, lo que hace es emitir un juicio de valor, argumentando acerca de lo "justo" que era llevar a cabo ese crimen", añadió el magistrado.
De esta manera, enfatizó que "en otras palabras, con su testimonio prefiere reivindicar el homicidio de quien considera el principal ideólogo del régimen militar y constructor de una institucionalidad ilícita que incluso le habría posibilitado acceder al cargo de senador, en vez de controvertir los antecedentes fácticos sobre los que se sustenta la imputación que se le formula como autor material e inmediato del delito".
Más adelante, el juez advirtió que Escobar Poblete "expresamente indicó que no le resultaba posible suministrar algún dato o información que comprobara que se encontraba en otro lugar el día de los hechos”.
El ministro aplicó media prescripción por los 30 años que han pasado desde que ocurrió el delito. La resolución aún puede ser llevada ante la Corte de Apelaciones de Santiago.