Este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) confirmó que fue notificado de la demanda laboral que interpuso la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, quien demandó al fisco por cerca de $190 millones y además, pidió disculpas públicas con notificación a la monarquía británica.
“El Ministerio de RR.EE. fue notificado de la demanda. Por la naturaleza de la misma, estamos trabajando con el Consejo de Defensa del Estado para presentar nuestros descargos y responder cada uno de los argumentos incluidos en la demanda”, indicaron desde la cartera liderada por el canciller Alberto Van Klaveren.
Esta jornada, radio Bío Bío reveló que Herrera realizó esta acción inédita en la historia de la diplomacia chilena y en caso de acogerse su solicitud, requiere que las excusas sean transmitidas directamente por el Gobierno chileno a la monarquía británica.
¿Por qué Susana Herrera demandó al fisco?
De acuerdo al medio citado, la exdiplomática presentó una demanda en la que denuncia haber sufrido una afectación a su integridad física y psíquica, además de una vulneración a sus derechos fundamentales por parte de la cartera de RR.EE. En el libelo cuenta cómo debió salir por la puerta trasera del ministerio y acusa filtraciones de parte de la repartición con el único fin de desprestigiarla.
Además, afirma que fue ella quien frenó la tramitación del polémico proyecto de cinco millones de dólares que involucró al rey Carlos III, sin que Cancillería tuviera injerencia en ello, y señala que “todos al interior de la secretaría de Estado estaban al tanto de sus esfuerzos para acercar a Chile con instituciones vinculadas a la monarquía británica”, según recoge BíoBío.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en específico”, sostuvo Herrera en el libelo.
Cabe destacar que la salida de Herrera se dio en medio de los cuestionamientos que enfrentaba el Gobierno por el Caso Convenios y en junio se conoció que la entonces embajadora había solicitado a la gobernación del Biobío y sin avisar a Cancillería, la entrega de financiamiento para un proyecto de mercado de maderas -de una fundación del rey Carlos III- en Santa Juana.