Más de US$3.000 millones en financiamiento bancario podrían estar en riesgo debido a un grave conflicto que enfrenta a vecinos de una importante ciudad de Chile con su municipalidad.
Esto, debido a la entrega irregular de permisos de edificación y Certificados de Informaciones Previas (CIP) por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Específicamente, los documentos fueron dados alrededor de 60 proyectos inmobiliarios (incluidos 21 de gran inversión) sin tomar en cuenta las áreas inundables por tsunamis, medida establecida desde 2022 por el Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá (PRICT).
Enfrentamiento podría costar más de US$3.000 millones
La ciudad donde este conflicto tiene lugar es Iquique, en la Región de Tarapacá. Su origen se da luego de que la Contraloría General de la República, tras una denuncia de la Fundación Defendamos la Ciudad, instruyera al director de Obras Municipales anular 73 permisos de edificación emitidos a partir del 6 de julio de 2022, dado que no cumplían con lo establecido por el PRICT, indicó Diario Financiero.
Sin embargo, tras cinco meses de esta indicación, la municipalidad iquiqueña, organismo que debía solucionar las irregularidades, no ha avanzado en su trabajo, incluso a pesar de que Contraloría extendió dos veces el plazo para entregar la información necesaria.
De hecho, Mauricio Soria, alcalde de Iquique, dictó un decreto que ordenaba iniciar el procedimiento de invalidación de los permisos, explica el citado medio, pero este fue posteriormente revocado, dado que las gestiones no se ajustaban a la normativa vigente, informó el municipio.
Ante esta negativa, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, junto a los abogados Gabriel Muñoz y Enzo Morales, solicitaron la destitución tanto del edil como del director de Obras Municipales, Sergio García, por desacato reiterado.
En cuanto a la situación de los bancos que entregaron financiamiento, el abogado Rodrigo Andreucci manifestó que, “los riesgos para la banca deben multiplicarse por tres en relación con el valor de los inmuebles que sean construidos con estos permisos, si no se rectifican los errores y omisiones”.
