El Covid-19 puede otorgarle a los clubes y a la ANFP la oportunidad soñada de marginar (sÍ, expulsar o impedir que ingresen a los estadios) a los delincuentes maquillados de barristas. Nada de perdonazos, indultos, amnistías ni amenazas sin destino. Ahora que los clubes, forzados por las obligaciones sanitarias, tendrán que individualizar de pies a cabeza a quienes quieran volver a ver fútbol presencialmente, las SAD no pueden dejar pasar la ocasión de "re-conocer" y categorizar al simpatizante, al hincha, al barrista y al delincuente-violentista que se viste de barrista. Y, lo fundamental, a dejar entrar o darles un portazo a quienes sean peligrosos.
Se acabaron las excusas de que la Ley Antiviolencia en los Estadios no aplica, que el registro de hinchas que exige Estadio Seguro es una entelequia, que las cámaras no logran distinguir esto y lo otro, que los carabineros son muy pasivos o ineptos, que los funcionarios de seguridad no tienen la idoneidad para actuar, que no hay cómo discriminar a los buenos de los malos hinchas, que la justicia no opera y un largo etcétera esgrimido por miedo o desinterés.
Ahora, pandemia de por medio, Colo Colo, Universidad de Chile, Wanderers, Coquimbo Unido, por nombrar algunos, tienen el sartén por el mango para cambiar de paradigma: "¿Quiere entrar al estadio a ver el partido de su equipo? Entrégueme sus antecedentes para evaluar si califica". En otras palabras: identifíquese para saber si su hoja de vida está limpia de episodios de violencia o de conductas reñidas con lo que supone es un espectáculo deportivo.
"La ANFP y lo que va quedando de este Gobierno tienen una coyuntura única para dar un golpe de gracia a los barristas violentistas".
Los defensores de las libertades públicas pondrán el grito en el cielo arguyendo que cada club es soberano de permitir el ingreso de quien quiera a su reducto, muchos de los cuales son fiscales. Muy cierto. Pero tratándose de una liga organizada por una corporación privada, la mandante ANFP puede ordenar a sus asociados que, para cumplir la ley -tener a todos sus barristas identificados-, será imperativo que desde ahora cada espectador sea "escaneado" e indexado, y así dimensionar si su presencia entraña riesgos para los eventos, cuya organización, no olvidemos, depende de los socios que conforman la ANFP.
Antes que diseñen un engendro que permita el regreso del público a los estadios sin una revisión integral del fenómeno, la ANFP y lo que va quedando de este Gobierno tienen una coyuntura única para dar un golpe de gracia a los barristas violentistas y sentar las bases legales e institucionales de un nuevo orden dentro de los recintos del fútbol. No pueden desaprovecharla. Para que no vuelvan más.