La ANFP tendrá que pagarle a Javier Castrilli. Tras el primer fallo a comienzos de año que determinó que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional debía cancelar una millonaria indemnización al exárbitro argentino y su ayudante, Osvaldo Talamilla, el organismo presidido por Pablo Milad había interpuesto un recurso en la Corte de Apelaciones para anular la decisión. Sin embargo, la Justicia le volvió a dar la razón a El Juez de Hierro.
Castrilli denunció a Quilín por “despido injustificado y daño moral” por su abrupta salida como jefe del arbitraje nacional, tras una serie de desencuentros con los jueces que estaban a su cargo. El punto detonante fueron unos polémicos audios en la Liguilla de Promoción el año 2022 que finalmente se comprobó formaba un verdadero complot por parte de los referís criollos.
Tras el despido, Castrilli volvió a su país, pero exigió una millonaria compensación económica por poner fin abrupto a su labor. En primera instancia, el Primera Juzgado de Letras de Santiago resolvió a su favor y, ahora, se confirma el fallo que obliga a la ANFP a cancelar 236 millones de pesos tanto a él como a Talamilla.
La resolución reafirma el hecho que los dos denunciantes sufrieron “la vulneración de sus derechos fundamentales: integridad física y síquica, derecho a la honra y derecho a la libertad de trabajo”. También se determina una indemnización por “daños morales” a ambos extrabajadores.
El polémico despido de Javier Castrilli
Cabe recordar que Castrilli, que fue representado por los abogados Pablo Herrera Arriagada, Ximena bravo Cerda, Diego Sobarzo Ibáñez y Benjamín Calidonio Lira, fue cesado de su cargo, junto a Osvaldo Talamilla, tras conocerse los audios donde Francisco Gilabert “acusaba” presiones desde Santiago para intervenir en el duelo Huachipato vs Copiapó, lo que derivó en un paro de los árbitros y una investigación interna que descartó lo hechos.
Castrilli y su equipo de trabajo fue despedido, con publicidad, donde Pablo Milad declaró a los medios que Castrilli no aceptó una suspensión de sus funciones y por eso se decidió su despido, lo que fue considerado por la justicia como vulnerados de sus derechos fundamentales.