La Universidad Católica afina los detalles para su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la organización del encuentro ante Boca Juniors enfrenta un nudo crítico: la presencia de la hinchada argentina en el nuevo Claro Arena. Pese a los reglamentos de Conmebol, las autoridades locales buscan restringir el acceso a los fanáticos visitantes.

Las aprensiones de la Municipalidad de Las Condes

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, fue enfática en señalar los riesgos que implica un evento de esta magnitud para el entorno residencial del estadio. La jefa comunal puso el foco en la convivencia vial y el funcionamiento de los servicios críticos aledaños al recinto precordillerano.

“Tenemos un partido de alta convocatoria y nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado y está el tema de los estacionamientos en la calle”, declaró San Martín en un punto de prensa, donde confirmó que solicitó formalmente que no se autorice el ingreso de seguidores de Boca Juniors.

. El conjunto argentino busca que en el Claro Arena se acepten por lo menos a 2 mil fanáticos. Foto: @BocaJrs en Instagram.
Boca Juniors. . El conjunto argentino busca que en el Claro Arena se acepten por lo menos a 2 mil fanáticos. Foto: @BocaJrs en Instagram.

El análisis de la Delegación Presidencial

La postura municipal encontró eco en el Gobierno. El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, reconoció que la factibilidad de recibir público extranjero está bajo evaluación técnica debido a la complejidad logística del sector.

“La alcaldesa nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales. Se nos solicitó declararlo de alto riesgo, impidiendo la concurrencia de hinchas del equipo rival”, admitió Codina. El personero añadió que se analizará profundamente la situación para garantizar que el evento sea deportivo y no peligroso.

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Conflicto con el reglamento Conmebol

La posible restricción choca directamente con las normativas de la Copa Libertadores, que exigen a los clubes locales disponer de un aforo mínimo para la parcialidad visitante. Una negativa de las autoridades chilenas podría acarrear sanciones económicas o administrativas para la UC, que de todas formas prioriza la obtención de los permisos de seguridad para su debut internacional.

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