La dura derrota de Universidad de Chile ante Cobresal no es la única mala noticia que recibió esta semana Michael Clark. El presidente de Azul Azul se mantiene en el ojo del huracán con el Caso Sartor, que sigue produciendo coletazos.
La familia Diéguez, exdueña de la sanitaria Disal, presentó una querella criminal que golpea directamente a los altos mandos del Grupo Sartor, donde aparece el actual mandamás de la concesionaria que maneja los destinos de la U.
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Clark nuevamente en el ojo de la justicia
La acusación no es cosa poca, y es que según información de La Tercera, la querella indica que Clark participó en un presunto fraude superior a los $4.286 millones.
La acción penal, presentada por la sociedad Inversiones ADM SpA, incluye delitos como administración desleal, negociación incompatible, y faltas a la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas.
La denuncia también involucra a la U
El querellante también apunta a una decisión tomada en diciembre de 2024: la venta, a un menor precio, del paquete accionario que controlaba Sartor sobre Azul Azul.
Según la acusación, Clark, a través de su sociedad Antumalal, adquirió el 100% del fondo Tactical Sport por solo $219 por acción. El problema es que en la bolsa cotizaba a $550, y en 2021 había sido adquirido mediante OPA a US$0,55 por acción (unos $388 al cambio de la época).
Además, la operación se concretó un día después de que BCI Corredores de Bolsa notificara su intención de solicitar la liquidación forzosa de Sartor por sus problemas con la justicia.
Ahora, los denunciantes acusan una venta realizada con pleno conocimiento de dos procesos claves: la inminente liquidación judicial de la firma y una investigación paralela por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Esto, según el escrito, podría constituir una maniobra para vaciar patrimonialmente a Sartor y eludir pagos contractuales con terceros.
En total, son nueve personas naturales y dos sociedades las querelladas, incluyendo al propio Clark, quien actualmente mantiene el cargo de presidente de Universidad de Chile. Su situación podría complicarse aún más si la CMF confirma que debió realizarse una nueva OPA para transparentar el cambio de control.
