En Cacha tuvo acceso a la demanda presentada en las últimas horas por Universidad de Chile debido al linchamiento que sufrieron parte de sus hinchas el pasado miércoles en el compromiso frente a Independiente.
En el escrito, firmado por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el abogado Jorge Arredondo, el club acusa tanto a hinchas del conjunto local como a las autoridades de seguridad y a funcionarios argentinos de ser responsables de los violentos ataques sufridos a los simpatizantes azules, quienes fueron víctimas de “agresiones, torturas, tratos inhumanos y detenciones arbitrarias”.
La denuncia de la U: masacre y connivencia policial
El documento ingresado por la dirigencia de Azul Azul señala que durante y después del partido se registraron “hechos de extrema violencia”, entre ellos golpizas con fierros y palos, desnudamientos forzados, agresiones con armas cortopunzantes y hasta casos de hinchas chilenos arrojados desde lo alto de las tribunas, lo que provocó heridos de extrema gravedad.
Según la denuncia, la barra brava de Independiente irrumpió en la tribuna visitante sin encontrar resistencia, debido a la “nula intervención de las fuerzas de seguridad” pese a que el operativo contaba con más de 600 efectivos policiales y 150 guardias privados. “Se trató de una auténtica zona liberada que derivó en una verdadera masacre”, sostiene el texto.
Además, la U acusa que tras los hechos, en lugar de detener a los agresores locales, la policía bonaerense realizó un procedimiento masivo contra los hinchas visitantes, con más de 100 detenidos que fueron golpeados y maltratados en comisarías.
Heridos y denuncias de violencia institucional
De acuerdo a reportes oficiales citados en la presentación, al menos 23 hinchas chilenos resultaron heridos de gravedad, dos de ellos permanecen internados en el Hospital Fiorito con traumatismos craneoencefálicos. En total, se habrían registrado más de 170 heridos y 125 detenidos, en su mayoría, seguidores de Universidad de Chile.
El club acusa que los hechos no fueron aislados, sino una acción organizada con la tolerancia de autoridades policiales y estatales, lo que configura “un patrón de connivencia y encubrimiento”.
Exigen investigación y sanciones
En su escrito, Universidad de Chile solicita que se ordene la preservación de las cámaras de seguridad del estadio, los registros médicos de los heridos y la identificación de los responsables de la organización y el operativo de seguridad. Asimismo, pide que se investigue tanto a los agresores identificados como a los funcionarios públicos y policías que actuaron con omisión o abuso de poder.
La denuncia califica los hechos como homicidio en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones graves, asociación ilícita, robo y abuso de autoridad.
“Lo que comenzó como un encuentro oficial de carácter internacional, terminó convertido en una emboscada planificada y tolerada, en la que familias enteras fueron objeto de linchamientos y detenciones ilegales”, cierra la denuncia.
