Después de varios días de declaraciones cruzadas y desacuerdos, la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile quedó confirmada para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.
El principal afectado de la resolución es Michael Clark, presidente de Azul Azul. Tras el fallo de Conmebol a favor de la Copa Sudamericana, Clark manifestó su postura de no jugar el partido y, si se jugaba, los azules podrían presentar equipo juvenil.
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En su momento, fue respaldado por el gobierno -a través del Ministerio de Seguridad Pública- y la Municipalidad de Independencia, quienes intentaron reprogramar el duelo.
Sin embargo, la Delegación Presidencial dio luz verde horas antes de la inspección final, dejando al mandamás de la concesionaria como el gran perdedor en esta disputa interna.
Tensiones internas y relación fracturada con la ANFP
La derrota también tendrá repercusiones en la relación entre Universidad de Chile y la ANFP. Hasta hace pocas semanas, Clark y Pablo Milad, quien ocupa el sillón principal en Quilín, mantenían una relación cordial, llegando incluso a presenciar juntos el partido de la U ante Independiente.
No obstante, tras el conflicto, la comunicación se ha tensado y desde el ente rector del fútbol chileno aseguran que no cederán fácilmente a futuras solicitudes del club, como sí se hizo en la suspensión del partido con Everton tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.
En la U no todos tenían la misma opinión de Clark
Dentro del club también se evidenció una división de opiniones. La dirigencia tuvo una postura distinta al cuerpo técnico liderado por Gustavo Álvarez y los jugadores.
Lucas Assadi señaló que era “extraño” jugar el partido tan cerca del trascendental duelo contra Alianza Lima, mientras Ignacio Tapia y Javier Altamirano aseguraron que, de depender de ellos, no habría inconvenientes en disputar el encuentro.
El director técnico, Gustavo Álvarez, optó por no hablar esta semana en conferencia de prensa, rompiendo la tradición de participar previo a cada partido.
Según fuentes de En Cancha, su decisión se debió a no querer agravar la tensión y mantener la postura neutral ante el conflicto, pese a que su intención era jugar el compromiso.
El episodio marca un punto crítico en la gestión de Azul Azul, dejando claros desafíos tanto en la relación con la ANFP como en la coordinación entre dirigencia, cuerpo técnico y jugadores.
