Sergio Lavandero, actual profesor titular y aspirante al cargo de rector en la Universidad de Chile, profundizó este viernes su postura respecto a la administración del fútbol profesional. Para el facultativo, el convenio firmado en 2007 con Azul Azul requiere un análisis técnico actualizado que responda a las exigencias sociales y deportivas del presente.
“Estamos ante una realidad distinta que exige una revisión del contrato con Azul Azul. La Universidad debe tener un rol activo y no solo de observador pasivo en lo que sucede con el club”, declaró Lavandero en declaraciones a La Tercera.
El candidato sostiene que la relación entre la Casa de Estudios y la sociedad anónima ha operado con un distanciamiento que debe ser corregido mediante canales formales de fiscalización.
“El club es un patrimonio simbólico, social y cultural de la universidad y de Chile"
Uno de los puntos centrales en la propuesta de Lavandero es el uso de los distintivos universitarios por parte de la empresa privada. El académico considera que estos elementos no son simplemente activos comerciales, sino que representan la historia y el prestigio de la principal institución educacional del país.
“El club es un patrimonio simbólico, social y cultural de la universidad y del país. Debemos cautelar que el nombre y los símbolos de la Universidad de Chile se utilicen con el respeto y la dignidad que merecen”, afirmó el aspirante a la rectoría. Según su visión, el contrato actual no especifica con suficiente claridad las obligaciones éticas de la concesionaria respecto a la imagen institucional.
¿Fin a la era de Azul Azul en la U?
Sergio Lavandero también se refirió a la necesidad de transparentar los procesos internos y el impacto que la gestión de Azul Azul tiene sobre la comunidad universitaria. En su análisis, el éxito o fracaso del proyecto deportivo afecta directamente la percepción pública de la casa de estudios.
“Es fundamental que la rectoría tenga una voz activa. No podemos ser indiferentes ante lo que sucede con el fútbol profesional, porque lo que ahí ocurre impacta en la marca de la universidad”, sostuvo el académico. Su plan de trabajo incluye establecer auditorías periódicas que permitan verificar si la concesionaria cumple con los estándares mínimos de excelencia exigidos por la institución académica.
Finalmente, el candidato remarcó que cualquier extensión del vínculo, proyectado inicialmente hasta 2037, debe estar condicionada a resultados tangibles y a una integración real con los valores del plantel.
“El contrato debe ser revisado en función del beneficio de la Universidad de Chile y no solo de los intereses económicos de la empresa”, concluyó.
