Este domingo 29 de marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima tomó una decisión sin precedentes: clausuró el Estadio Nacional del Perú. La medida se ejecutó luego de que vecinos del sector presentaran reiteradas quejas por los niveles de ruido generados durante eventos musicales realizados el viernes 27 y sábado 28 de marzo.
Personal de la municipalidad llegó directamente al recinto y dejó sin actividad al escenario deportivo más importante del país andino. El Instituto Peruano del Deporte (IPD), organismo que administra el estadio, había recibido advertencias formales del municipio por el uso excesivo del recinto para fines no deportivos.
El fantasma de la clausura ronda Ñuñoa: ¿Seguirá Sichel los pasos de Lima?
Lo ocurrido en Perú no es ajeno a la realidad de Santiago. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, lleva meses enfrentado al IND por la gestión del Estadio Nacional, denunciando que el barrio se ha convertido en rehén de productoras y eventos masivos: exactamente los mismos argumentos que terminaron por cerrar el recinto en Lima.
En Chile, la principal causa que podría motivar una acción similar es la falta de recepción definitiva de las obras y los nulos planes de mitigación. Sichel ha sido enfático en que el recinto funciona bajo permisos provisorios y que el impacto acústico y vial ha destruido la calidad de vida de los vecinos.
Con recursos judiciales ya presentados y una fiscalización municipal en aumento, el riesgo de que Ñuñoa aplique “mano dura” ante los ruidos molestos y el comercio ilegal es una posibilidad que crece con cada megaevento.
Por ende, el paralelismo con Lima es casi perfecto: un estadio público, manejado por un organismo estatal, priorizando los ingresos de los espectáculos por sobre el bienestar del entorno.
Cabe mencionar que el Estadio Nacional genera cerca de 3.600 millones de pesos anuales en arriendos, pero Sichel acusa que ese dinero no se traduce en inversión para la comuna que soporta el impacto de los eventos masivos.
La advertencia ya fue hecha en más de una ocasión: si el IND no respeta las condiciones de uso del recinto, la municipalidad podría dejar de autorizar eventos. Lo que pasó en Lima demuestra que no es solo una amenaza retórica.
