El Presidente Boric amenaza con suspender el fútbol, pero a los dos hinchas de Colo Colo no los mataron los clubes ni la ANFP

Desde el retorno a la democracia, nunca con tanta puntillosidad un Presidente de la República se había referido al fútbol chileno en una Cuenta Pública. Ni para bien ni para mal.

A Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, el deporte nunca les pareció un tema relevante. El fútbol, en particular, les era una expresión lejana. Solo se aprovechaban de él para alguna activación proselitista ante algún hito que les rindiera un beneficio de popularidad. Michelle Bachelet se inscribió con la Red de Estadios Bicentenario porque tenía el Mundial Femenino Sub 20 de 2008 y su compromiso de género era ineludible.

Para Eduardo Frei Ruiz Tagle y, en especial para Sebastián Piñera, la práctica deportiva sí tenía alguna importancia. Aun cuando el deporte les fluía más naturalmente, muchas veces el interés fue instrumental, movilizador de audiencias. Con Frei, por su afinidad la Universidad de Chile, se cuajaron las Sociedades Anónimas Deportivas como una salvación financiera a los quebrados clubes chilenos; con Piñera, el deporte alcanzó una institucionalidad superior al crearse el Ministerio del ramo, con el fútbol como una de sus prioridades.

Del actual mandatario de la Nación, Gabriel Boric, se conocía su ‘fanatismo’ por Universidad Católica desde los tiempos que era dirigente estudiantil y después diputado, como también de su presencia en los estadios cuando juega el equipo universitario.

Acaso por su cercanía generacional con una masa crítica más joven y por el espíritu reformista distinto al de casi todos sus antecesores, Boric asomó como el encargado de relevar al deporte como una actividad que en los países desarrollados se ha dejado de usar ideológicamente, para que ocupe naturalmente un espacio clave del bienestar social. Ese que trasciende en los clubes y asociaciones, y no que se pretende manipular otorgándole recursos públicos.

Boric se la jugó por Santiago 2023 -al igual que Bachelet en su génesis y que Piñera durante su organización- y la apuesta tuvo un virtuoso efecto positivo en el ánimo ciudadano y en la infraestructura del Estadio Nacional, pero fue transitorio porque -afortunadamente- no todo es deporte en la vida de un país.

Durante la intervención en el Congreso, el domingo pasado, el Mandatario arremetió contra los clubes y la Federación de Fútbol, si es que no asumen las obligaciones que impone la nueva Ley de Seguridad Privada y no dan las garantías al público de un acceso que no vulnere la integridad física ni mental de los espectadores. En el cierre del capítulo futbolero de su discurso, Boric amenazó con privar a la gente “de la alegría del fútbol”, en un tono intimidatorio que no ocuparía más en el resto de su Cuenta Pública.

Su performance sobre este ítem, obviamente, derivó en el aplauso generalizado de una multitud de parlamentarios oficialistas y de oposición que durante años no movieron un dedo para modernizar la Ley de Violencia en los Estadios, promulgada en 1994 y con una última -y menor- modificación en 2021.

Huelga decir, en todo caso, que la amenaza presidencial ya se ha concretado. Bajo este gobierno se ha ‘privado’ al público del fútbol sistemáticamente, al suspenderse partidos o modificarse aforos, ya sea por razones preventivas de seguridad o por decisiones de cálculo político o inoperancia de los delegados presidenciales, aun cuando los clubes cumplían con los requisitos exigibles por la normativa vigente. Después se podrá discutir si la norma estaba bien o mal establecida, pero los organizadores estaban en regla e igual la autoridad política y policial procedió a lo menos costoso para ellos.

Pegarle a la ANFP, a Pablo Milad y a los clubes por su demostrada displicencia y cobardía respecto al tema de la seguridad, es una operación comunicacional facilista para el Mandatario. “Pirotecnia”, como suele decirse, y que para el contexto del fútbol y las barras suena ajustado.

El periodismo deportivo se acostumbró a criticar a los dirigentes porque, de alguna manera, se cumple así con un rol fiscalizador que las entidades políticas no han querido ejecutar porque calculan que el retorno es negativo. La alta mayoría de parlamentarios sostiene, calladamente, que es muy impopular ir contra los hinchas; los organismos de Estado asumen que es una pega ardua que no les corresponde porque se trata de una actividad privada.

Pero en un gobernante, con el mayor respeto ciudadano, resulta de oportunista frivolidad que haga un llamado de atención tan altisonante, cuando a lo largo de su mandato en La Moneda poco y nada le ha importado el tema. Entendible, por cierto, cuando en Chile pasan tantos asuntos bastante más complejos. Aunque por lo mismo, uno esperaría menos estridencia en un ambiente donde poco y nada se ha involucrado.

Vamos por parte. En su Plan de Gobierno, Gabriel Boric abordó el fútbol en varias facetas: igualdad de género, difusión masiva y gratuita, intervención territorial y pertenencia.

“Profesionalizaremos y dignificaremos el fútbol femenino, procurando que las jugadoras tengan un contrato de trabajo y condiciones laborales dignas, similares al fútbol masculino”, se lee en su Programa de Gobierno. La profesionalización del fútbol femenino se promulgó en 2022. “Todo un logro”, dijo la ex ministra del Deporte Alexandra Benado, que estuvo un año en el cargo, sin pena ni gloria.

Basta ver las condiciones contractuales de las jugadoras en casi todos los clubes chilenos, para comprobar que es de una penosa precariedad. Los contratos y las condiciones igualitarias que se prometían con los hombres no tienen un asidero real. El campeonato femenino profesional es un remedo del masculino, por razones obvias: el mercado local no sostiene un estándar profesional como el que describe el plan Boric para las mujeres futbolistas. El Estado hoy no subsidia el fútbol femenino, como también lo prometía el programa de este gobierno, y los clubes se ponen con lo justo y necesario, y a veces ni siquiera con eso.

Luego, las premisas de difusión masiva del fútbol que menciona el Plan de Gobierno son hasta graciosas, a la luz de la realidad. “Fortaleceremos el derecho de los medios públicos a transmitir partidos de fútbol profesional por los canales de televisión abierta”, asegura el manifiesto del candidato Boric.

¿Qué pasa hoy? La Selección vende sus derechos exclusivos a un canal de TV abierta desde hace décadas, antes que el Presidente naciera (1986). Y así seguirá siendo cuando termine su mandato, porque es un modelo que la industria ha consolidado. Los derechos de transmisión de los Campeonatos Nacionales de Primera y Primera B los detenta actualmente TNT Sports, canal de pago, que licita un partido semanal a una estación abierta. Este año se la adjudicó Mega, que por la baja audiencia emite el pleito en su señal 2. La pretensión del Programa de Gobierno del Presidente de que la TV abierta tuviera los partidos del torneo era, a lo menos, de improcedencia legal.

Otro punto del Plan del gobernante dice: “Socios, socias e hinchas serán protagonistas del rumbo de sus equipos deportivos, a través de un Modelo Chileno de Administración del Fútbol Profesional, en donde quienes le dan vida al deporte tengan una incidencia real en las políticas de desarrollo de sus clubes”.

En la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que se tramita actualmente en el Congreso luego de casi una década de congelamiento, efectivamente se quiere incorporar la participación de los socios dentro de la gobernanza corporativa de las SAD. Pero la aspiración del Mandatario no cuenta con mucho apoyo entre los legisladores y, muy probablemente, según integrantes de la Comisión de Constitución donde se discute, este punto no será admitido por su compleja implementación.

Que la funesta relación entre el fútbol y los barristas-delincuentes se haya convertido en tema de primer orden para el flamante Ministerio de Seguridad, no fue producto de un estudio, seguimiento o control. Fue porque la tragedia de los dos hinchas muertos en el perímetro del estadio Monumental explotó cuando el ministro Luis Cordero llevaba diez días en el cargo. La presión mediática hizo inevitable su concurso en el dramático caso que, además, tuvo un efecto colateral deportivo que perjudicó al club más popular del país.

Pero antes que el ministro Cordero entrara en escena, y que el Presidente Boric arremetiera el pasado domingo en contra de los clubes y la Federación, habría que remitirse a lo que postulaba el mismo gobernante en su Programa respecto de la organización de las barras bravas, históricamente las responsables de los desórdenes y violencia en nuestro fútbol. “Cambiaremos el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario”, se lee en el Plan de Gobierno.

Efectivamente, el Presidente cumplió con modificar a Estadio Seguro, después de la muerte de los dos jóvenes la noche del 10 de abril pasado. Pero el concepto de “barrismo social” revela la ingenuidad del Mandatario y sus asesores directos. A priori, el gobierno entrante ignoró que el fenómeno que encarnan los barra-brava está profundamente corroído, ‘anarquizado’ y que hay una imposibilidad basal de dialogar porque lo lideran grupos delictivos.

Estadio Seguro, organismo asesor de la autoridad político y policial, fue signado como el culpable institucional de todos los males -en esta línea, los periodistas también debemos reconocer una gran cuota de responsabilidad-, sin embargo, a esta altura todos sabemos que operó como un fusible para bajar los decibeles. Fue absorbido por el Ministerio de Seguridad, en la única medida prometida que se cumplió a cabalidad.

La tragedia del Monumental desnudó definitivamente las distancias y sensibilidades políticas entre las autoridades del gobierno y los directivos del fútbol. Claro que existían relaciones colaborativas, porque los partidos de fútbol debían -y deben- ser autorizados a partir del cumplimiento de los requisitos impuestos a los organizadores. Pero ambas partes sabían que las medidas eran insuficientes para atacar el problema social de raíz con el que cohabitan hace largos años: los barristas-delincuentes, facciones atomizadas de individuos que tienen secuestrados a los clubes con amenazas y acciones violentas.

Pablo Milad salió el lunes a defenderse de las palabras del Mandatario. Dijo que el Presidente instrumentalizaba el tema de la seguridad en el fútbol y sacó a relucir su caballito de batalla: el Registro Nacional del Hincha, que sirve de poco mientras no converse con otros registros identificatorios. Pero Milad además afirmó que Boric no estaba bien informado. No especificó quién no le informa, si son los speech writers de La Moneda, si es el ministro de Seguridad o el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, quien nuevamente sobre este tema incómodo no opina, y ya casi nadie le pregunta, porque en realidad tampoco aporta mucho al debate, aun cuando debiese ser un protagonista de la discusión. Sería aportativo que el timonel de la ANFP identificara al no informante del Presidente para ir a contrastar la afirmación.

Con todo, Milad tiene un punto: la ANFP participa activamente de las reuniones semanales con la subsecretaría de Seguridad. Tiene que hacerlo por obligación para que se programen los partidos. Otro asunto es que las demandas de implementación de medidas en los estadios se concreten, por cuanto para los clubes implicará una inversión millonaria. Considerando que deberían entrar en vigencia en noviembre próximo, casi se podría garantizar que los dirigentes van a dilatar -para eso son expertos- las nuevas exigencias para el próximo año, cuando ya haya otro Presidente, otros ministros y una serie de nuevos funcionarios instalándose en sus cargos. Borrón y cuenta nueva, casi por seguro. La amenaza del Mandatario se las podría llevar el viento.

Pero lo que no se llevará el viento y que podría desatar una tormenta mayor son las conclusiones de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público respecto de las muertes de Mylan Liempi (12) y Martina Pérez (18), los dos hinchas atropellados por un carro lanzagases de Carabineros, en medio de los desórdenes que se registraron en las inmediaciones del estadio Monumental, cuando decenas de personas presionaban por ingresar al recinto sin entradas. Hecho que derivó en el debut mediático del entrante ministro Cordero con su nuevo cargo y poderes.

¿Qué pasará en Palacio y en el Ministerio de Seguridad si es que sucede lo evidente: que la Justicia dictamine que ambas muertes se produjeron por la acción desmedida o imprudente de agentes del Estado, encargados justamente de la seguridad pública con motivo de un partido del fútbol?

¿El Presidente Boric también culpará a los directivos del fútbol chileno y amenazará con suspender los partidos, pese a que las circunstancias de las muertes se produjeron en un ámbito donde la responsabilidad era de las autoridades de gobierno, llámese delegado presidencial?

¿Hasta dónde la nueva Ley de Seguridad con la que intimida el Presidente al fútbol chileno cautela la integridad de los hinchas fuera de los recintos y evita que no vuelvan a producirse incidentes fatales o graves?

La incapacidad y negligencia de la dirigencia del fútbol en el capítulo control de barras bravas y seguridad en los estadios son indesmentibles, y las pruebas estos últimos años sobran y son irrefutables.

¿Pero era necesario, para ganarse unos aplausos cómplices de los legisladores y una aprobación visceral del frustrado pueblo futbolero, amenazar con las penas del infierno si no se cumple la ley, cuando el tejado está tan frágil?

¿No habría sido más oportuno remitirse al problema de seguridad pública que originan los barristas-delincuentes y a los resultados que arrojan el trabajo de persecución e inteligencia que han hecho los organismos estatales? ¿O será que hay muy poco que decir y mostrar?