El dogma es claro y simple: el fútbol profesional es una actividad privada y, por tanto, el Estado no tiene por qué meter su nariz. Es una empresa, dicen. Una industria, insisten. Pero al parecer, una industria con una extraordinaria habilidad para socializar gastos y privatizar ingresos. Un negocio “privado” donde el arriendo del estadio se negocia con el municipio, donde la luz y el agua del recinto las paga el contribuyente, donde la remodelación multimillonaria del estadio es responsabilidad del erario público, y donde la seguridad es proporcionada por carabineros financiados por todos nosotros. Suena más a subsidio encubierto que a libre mercado.
La receta es simple y exitosa (para algunos):
•Primero, se le pide al Estado que construya o remodele estadios, con motivo de organizar alguna competencia internacional de importancia o por implementación de alguna política pública.
•Luego, se le exige que asegure el espectáculo con carabineros pagados por todos, destinados a que el “negocio privado” no se descontrole en la tribuna.
•Y finalmente, cuando el Estado, con justificada razón, intenta establecer reglas, controles, o incluso impulsa una modificación legal para asegurar mayor transparencia o fiscalización... ¡ahí se prende la alarma del populismo y se grita intervención indebida!
Porque claro, pedir estadios nuevos está bien. Usar la fuerza pública, por supuesto. Recibir condonaciones de deuda tributaria, ¡ni hablar, faltaba menos! Pero si el Congreso, el Ejecutivo o una comisión del Senado se atreven a proponer que el fútbol profesional chileno rinda cuentas con estándares parecidos a cualquier actividad económica relevante, entonces el grito es unánime: “¡No politicen el fútbol!”
¿No politizarlo? Si ya es política de Estado que el fútbol tenga estadios de lujo en comunas donde faltan hospitales y colegios decentes. Si ya es política de Estado pagar la seguridad de partidos donde los clubes venden entradas y publicidad… pero no ponen ni un peso por los servicios que usan.
Aquí no hay un problema de opinión. Hay un problema de hipocresía estructural. Si el fútbol profesional quiere ser una industria autónoma, que lo sea con todas sus consecuencias: invierta en su infraestructura, pague su seguridad, rinda cuentas como cualquier empresa, y viva —como todas las empresas— con lo que genera. Pero si el Estado es inversionista, garante y salvavidas, entonces tiene derecho —y obligación— de opinar, intervenir, fiscalizar y legislar.
Entre la remodelación de los estadios, primero en la red Bicentenario del año 2008, luego para la Copa América de 2015, la continuación de las remodelaciones de la red Bicentenario, las destinadas a la próxima organización del Mundial Sub 20, la eterna remodelación del Estadio Nacional y otros proyectos futuros se han invertido casi medio billón de pesos chilenos ($487.845 millones), que ajustados al dólar son cerca de 508 millones de dólares (ver detalle al final de la columna).
Pero como si eso fuera poco, el Estado también pone la policía. Durante parte de la investigación del suscrito para la presente columna, Carabineros de Chile respondió a la solicitud mediante ley de transparencia, al número de efectivos policiales y medios logísticos destinados a la seguridad de los partidos disputados en la primera división A y B del fútbol profesional. En la respuesta se detalla que en un año, más de 50.000 efectivos policiales que junto a cerca de 12.000 medios logísticos, entre radiopatrullas, motos, furgones policiales y distintos vehículos, son asignados a dichos encuentros deportivos. La valorización del gasto de esta seguridad pública al servicio de una actividad privada es materia de reserva por la propia ley de acceso a la información pública, pero con cálculos bastantes prudentes, no debe ser menos a 5.000 millones de pesos anuales.
Durante 2023, solicitamos una actualización de la cifras, y sólo para el año 2022 se destinaron efectivos policiales a más de 800 encuentros del fútbol profesional en Chile. Los días de los 20 encuentros con mayor cantidad de policías destinados a la seguridad, coincidieron con operativos, incautaciones, allanamientos y solicitudes de mayores recursos y dotaciones, mientras, por ejemplo, un solo partido ocupaba mil carabineros para el resguardo de la seguridad. No disentirá conmigo que aun cuando el fútbol nos encante, la prioridad es la seguridad de la comunidad en su conjunto.
Sin embargo, cuando se plantea que el Estado debe intervenir más activamente en esta “actividad privada”, aparece una reacción inmediata desde los sectores más defensores del “dejar hacer”. Se acusa de populismo, de querer estatizar el deporte, de amenazar la libertad de empresa. Pero cuando un club necesita un estadio para cumplir con requisitos CONMEBOL o FIFA, ahí sí aparece el Estado como salvavidas.
Pues bien, si hay recursos públicos comprometidos —y no pocos— el Estado no sólo puede, sino que debe involucrarse. Y no solo para cortar cintas o mandar carabineros. Tiene que intervenir en la gobernanza, exigir planes de gestión, realizar auditorías y condicionar los apoyos a criterios de rentabilidad social, eficiencia operativa y rendición de cuentas.
No se trata de estatizar el fútbol. Se trata de reconocer lo evidente: si el Estado es socio silencioso en los gastos, no puede seguir siendo un espectador pasivo del negocio. Porque cuando se juega con plata de todos, el mínimo ético es pedir cuentas claras. Y el mínimo político, es que el árbitro esté dentro del campo, no en la tribuna.
El autor es el Director Magister en Finanzas, Universidad de Valparaíso.