La ANFP ha citado a Deportes Iquique y Unión Española a su sede de Quilín para intentar un avenimiento. En otra palabras, a que los dos clubes descendidos deportivamente en la temporada 2025, no sigan apelando a una interpretación reglamentaria para conservar sus cupos en Primera División y acepten una propuesta hasta ahora desconocida.
Si el fútbol chileno tuviera ‘legisladores’ responsables y un adecuado grupo de abogados que se cerciorara de que las leyes vigentes no se contradicen ni se superponen, por cierto que al término de cada campeonato, tendríamos todo claro. Pero como en la ANFP los que están encargados de fiscalizar la actividad del fútbol chileno hacen pésimo su pega -tarea por las que se les paga muy bien- o son sencillamente displicentes, es que nos vemos enfrentados a este intríngulis legal.
Para resumir el problema: una vez que estuvieron descendidos (dato no menor), Iquique y Unión han argumentado que el Reglamento debe prevalecer por sobre las Bases del Campeonato. El Reglamento establece que los descensos se definen por los dos promedios más bajos de los últimos tres torneos (Limache y La Serena, bajo ese principio, serían los que descienden). La ANFP desestima el reclamo ya que, según ella, los estatutos que aprobaron los 16 clubes participantes, que determinaron los descensos a partir de los dos menores puntajes del torneo, derogan tácitamente el artículo 90 del Reglamento.
¿Qué debe primar: el espíritu de la ley o el estricto apego al cumplimiento de lo que establece la norma? La pregunta que cabe responder, más allá de la interpretación, se aleja de lo que se considera una competición estrictamente deportiva. Ingresa a un terreno plagado de indicaciones y tecnicismos jurídicos a los que el fútbol chileno se ha ido acostumbrando. La argumentación legal pasó a valer más que los puntos acumulados durante una temporada. La jurisprudencia es la que, finalmente, sentencia quién ganó, aunque en la cancha haya sido derrotado.
En tal contexto, los dirigentes nortinos e hispanos, así como cualquiera que desee conservar a su club en la Primera División, se han aprovechado de esta cultura del desmadre institucional que se instaló hace algunos años para plantear una demanda que consideran, a lo menos, plausible. Y la ANFP, o mejor dicho ese directorio acomodaticio, miedoso y calculador que preside por inercia Pablo Milad y secunda el incalificable Jorge Yunge, ha buscado fórmulas alternativas para tratar que este escándalo reglamentario no termine en los pasillos de alguna Corte en lo civil y rebote a la FIFA, el más temido de los “tribunales”.
En un fútbol profesional serio e integrado por dirigentes medianamente rigurosos, este caso debería ser el detonante de una solicitud perentoria del Consejo de Presidentes para la renuncia automática del directorio de la ANFP y el finiquito de todos los encargados del área legal (podrían darse una vuelta también por el Tribunal de Disciplina), incluido la figura decorativa del compliance Miguel Ángel Valdés, un personaje cuyo rol fiscalizador es un misterio y del que poco se sabe en cuanto a sus reales funciones, sus influencias, su remuneración y sus bonificaciones.
Pero como en el Consejo de Presidentes también predomina el mismo ánimo indolente de la mesa directiva, de seguro este follón va a terminar con un cuestionamiento ensordinado a Milad y compañía, a la espera que Iquique y Unión reciban una oferta, acaso económicamente viable, para que su reclamo se ahogue en el quemante verano de esa Caldera del Diablo en la que está convertida la sede de Quilín 5635.
