El 2 de septiembre de 2011 es una fecha que paralizó a Chile como pocas veces se ha visto y las razones no eran menores: un avión de la FACh con 21 pasajeros se mantenía en calidad de desaparecido, tras intentar aterrizar fallidamente en el aeródromo de la isla Juan Fernández, en dos oportunidades.
El viaje en particular era con motivos humanitarios, ya que un equipo del Desafío Levantemos Chile, liderado por Felipe Cubillos, visitaba el archipiélago para conocer de primera mano los avances en materia de reconstrucción en la zona tras el devastador terremoto y tsunami de 2010.
Esta labor era seguida de cerca por un equipo del matinal de TVN, "Buenos Días a Todos", liderado por el animador, Felipe Camiroaga y el periodista Roberto Bruce junto a otros tres miembros de producción, quienes tenían como fin realizar un reportaje de la labor realizada en la zona afectada y los avances a la fecha.
Por su parte, dos funcionarias del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, Galia Díaz y Romina Irarrázabal viajaban por primera vez a la isla Juan Fernández, para realizar capacitaciones al círculo artístico de la zona en lo referente a la postulación a fondos que entregaba el organismo para reactivar el sector.
Sin embargo, pasadas las 17:48 de esa jornada y tras dos intentos de aterrizar en el aeródromo volando a menos altura de la recomendada, el avión realizó una maniobra que generó inestabilidad en el vuelo, algo que los pilotos pudieron revertir, por lo que estrellaron en la costa de la isla, lo que provocó el fallecimiento inmediato de todos los ocupantes.
En los días posteriores y luego de confirmar que no existían sobrevivientes, las labores de búsqueda enmarcadas en la “Operación Loreto” se centraron en recuperar los restos mortales de las víctimas y su posterior derivación hasta el SML para confirmar las identidades.
Así, en medio de profundas escenas de dolor y con el paso de los días, los familiares de los pasajeros del fatídico vuelo recibieron los restos mortales de sus deudos.
Tras la investigación de rigor, se determinó que las malas condiciones climáticas de la zona, las omisiones de datos, la falta de planificación, la falta de rigurosidad y de aplicación de la normativa interna de parte de la FACh en los momentos previos al vuelo del avión Casa 212 (como el sobrepeso, o la menor cantidad de combustible que disminuyó su autonomía) dieron como resultado una falta de servicio por parte de la institución castrense.
De esta manera, el fallo determinó la responsabilidad del Fisco de Chile porque se consideró que la Fuerza Aérea no veló de manera adecuada por la seguridad y desempeño sin riesgo en el vuelo, dando pie al trágico desenlace.
Con esto se desecharon los alegatos presentados por el Consejo de Defensa del Estado, que argumentó que se trató de un hecho fortuito, estableciendo que la caída se produjo por la decisión voluntaria del piloto y la comandante de la nave de volar sin atender las condiciones meteorológicas.
El inicio de las demandas de los familiares y el favorable precedente de 2020
Tras el shock que supuso la tragedia de Juan Fernández y a la luz de la investigación que determinó negligencias por parte de la FACh fueron determinantes para que el avión se estrellara en el océano, los familiares de 16 de los fallecidos en el Casa 212 interpusieron demandas contra el Fisco a fin de recibir reparaciones económicas.
En los años posteriores, 15 de estas causas fueron agrupadas en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso.
Sin embargo, una de estas demandas fue ingresada en la región Metropolitana, por lo que avanzó con más premura que las demás y de pasó marcó un precedente en lo que vendría en materia de reparación a las familias.
En concreto, se trata de la demanda presentadas por parientes de Joaquín Arnolds, gerente general de Desafío Levantemos Chile y donde la justicia falló a favor de los deudos, luego que la corte suprema estableciera las omisiones, poca rigurosidad en el plan de vuelo y faltas de servicio por parte de la FACh, posibilitaron que el avión se estrellara en el mar.
Así, el fallo del máximo tribunal del país determinó que el mando de la FACh también omitió ejercer su deber de fiscalización en el cumplimiento de la normativa obligatoria para estos efectos, como tampoco ejerció control positivo sobre la misión y los medios con que ella se desarrolló.
De esta manera y tras años de espera, en mayo de 2020 finalmente la justicia condenó al Fisco a pagar 1.286 millones de pesos a familiares de Joaquín Arnolds, por conceptos de indemnización por daño moral y lucro cesante, esto último se refiere al dinero que la familia deja de recibir por la muerte de Arnolds.
Esta resolución judicial marcó un precedente con respecto a las causas civiles presentadas por las otras 15 familias y fue observada de cerca por estos, quienes también argumentan sus demandas en las negligencias por parte de la FACh y que fueron ratificadas por la Corte Suprema en el caso de la acción judicial presentada por parientes del gerente general de Desafío Levantemos Chile.
Julio de 2017, un nuevo hito judicial para la tragedia de Juan Fernández
El 12 de julio de este año el fatídico accidente de Juan Fernández donde murieron 21 personas volvió a ser noticia, esto gracias al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se revocó la resolución de la justicia de noviembre de 2018, la cual rechazaba la indemnización de familiares de las víctimas por daño moral y lucro cesante.
De esta forma, la justicia acogió los recursos de apelación presentados contra esa resolución dictada por el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso.
Lo anterior se basó en que, gracias a las pruebas presentadas por los demandantes, donde se cuentan certificados en informes psicológicos y testimoniales de los hijos/as, convivientes, progenitores, hermanos/as y cónyuges de las víctimas, no sólo “han sufrido no sólo una aflicción y dolor, sino que igualmente es posible presumir que sus proyectos familiares se han visto fracturados o alterados de manera relevante”, señala el libelo judicial.
Según el dictamen, el Fisco debía indemnizar con un monto superior a los 8 mil millones de pesos a los familiares de los pasajeros del Casa 212, por los conceptos de daño moral por repercusión o rebote.
De esta manera el fallo ordena al Fisco a pagar a 20 de los demandantes, una suma total superior a los 1.627 millones de pesos, por lucro cesante, atendiendo a que, a lo largo de estos años, los familiares “han sufrido no sólo una aflicción y dolor, sino que igualmente es posible presumir que sus proyectos familiares se han visto fracturados o alterados de manera relevante”.
En tanto por conceptos de daño moral, la justicia determinó que “en las vidas de sus cónyuges o conviviente, hijos y padres, y los recuerdos que perderán aquellos hijos que por la edad en la que fallecieron sus padres no estaban en condiciones de atesorarlos, lo que con toda seguridad les ha representado y les representará a futuro un perjuicio extrapatrimonial que debe ser indemnizado” por lo que la Corte fijó que las 46 personas demandantes -familiares de las víctimas- recibirán cerca de 150 millones de pesos cada uno.
Asimismo, se dio a conocer que estos montos deberán ser pagados por el Fisco de Chile con los correspondientes reajustes de acuerdo a las variaciones del IPC al momento en se ejecute la sentencia y se realice el pago de las indemnizaciones.