Según información de El País que retoma una investigación de Quinto Elemento Lab elaborada por las periodistas Zorayda Gallegos y Andrea Cárdenas, el Poder Judicial se niega transparentar los procesos penales seguidos contra Emilio Lozoya. La Fiscalía General de la República (FGR), el organismo encargado de recopilar las evidencias y presentar las acusaciones.
También mantiene en la opacidad la carpeta de investigación que integró el Ministerio Público, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) le ha ordenado revelar documentación del expediente.
El caso de Emilio Lozoya, quien fuera director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012- 2020) y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La trama de corrupción que salpicó a un continente entero, y que se inició hace más de una década con la creación de una "caja B" para encubrir sobornos, continua siendo un misterio mediático a pesar de su relevancia la opacidad del Poder Judicial, quien no ha entregado ni cumplido con las peticiones de Transparencia para conocer las diligencias judiciales, resoluciones, audiencias o comparecencias de testigos vinculados a Lozoya.
El pasado agosto, Lozoya -tras ser extraditado de España- hizo en México una declaración de 63 folios ante el fiscal con los nombres, fechas, cantidades y lugares de entregas de las maletas de dinero destinado a expresidentes, ministros y diputados.
A través de diversas solicitudes de acceso a la información presentadas por Gallegos y Cárdenas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se pidió acceso a las causas penales 261/2019 (Odebrecht).
Las primeras peticiones se realizaron el 9 de diciembre de 2019, cuando Lozoya estaba prófugo, las más recientes se enviaron en noviembre pasado, tres meses después de que compareció ante el juez. En todos los casos ha habido retrasos y evasivas para cumplir con las entregas.