Durante la mañana de este jueves (9) la bancada de diputados DC, ofició a la Superintendencia de Pensiones para que abra un proceso sancionatorio en contra de las AFP por llevar a cabo una supuesta "campaña del terror" en contra del retiro de fondos de las AFP, mediante el envío de cartas a sus afiliados en el que denostan la medida y tratan de populistas a los congresistas que la impulsan
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Los parlamentarios piden sanciones contra las AFP “por inmiscuirse ilegalmente en un proceso legislativo en curso, sin tener facultades para ello, alterando con ello a los mercados, tratando de influir en la opinión pública con declaraciones abiertamente proselitistas, generando una inaceptable campaña de desinformación y del terror”. La denuncia fue interpuesta por los diputados DC Gabriel Silber, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi, Joanna Pérez, Manuel Antonio Matta, Iván Flores, Miguel Angel Calisto, Mario Venegas y Víctor Torres, sumando al diputado independiente Fernando Meza. Al respecto, el diputado Silber señaló que “hemos recibido la preocupación y molestia generalizada de los ciudadanos y diversas agrupaciones acerca de la inexplicable campaña publicitaria, mediante declaraciones púbicas, que han difundido las AFP Habitat y Capital sobre un tema que actualmente se discute en el Congreso Nacional". Según el parlamentario, han provocado "alarma pública y alteración de los mercados, más allá de su calidad de agente gestor de los fondos de pensiones, infringiendo con ello su normativa propia y de su regulador principal (DL 3.500), una campaña burda e inaceptable que debe ser sancionada”. El diputado Ascencio, en tanto, agregó que “las aseveraciones de las AFP comunicadas a sus afiliados son oprobiosas y significan una afrenta para los legisladores que ayer aprobaron la reforma. Que se trate de populistas a diputados y diputadas es algo que no corresponde y significan un abuso inaceptable por parte de las AFP para con el Poder Legislativo”. Según lo que establece la denuncia interpuesta hoy, “las acciones de las AFP se entrometen de lleno en la discusión de un poder del estado y tratando con ello de predisponer a la opinión ciudadana y los agentes económicos, alejándose así de su función de mero administrador de fondos de pensiones". "Lo anterior es absolutamente ilegal y debe ser fiscalizado y sancionado por su regulador, al haber trasgredido con ello las normas y reglamentaciones que rigen a la actividad de la cual forman parte estas empresas", añade la denuncia.
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