Por homicidio frustrado, disparos injustificados y apremios ilegítimos serán formalizados tres carabineros de la Región de Valparaíso, quienes habrían cometido estos delitos en el marco de manifestaciones realizadas en los primeros días del estallido social de 2019.
Así lo resolvió la Fiscalía regional tras reunir las pruebas con las que asegura acreditar los ilícitos que habrían cometido los efectivos policiales en las ciudades donde prestaban servicios.
La primera solicitud del Ministerio Público se hizo ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar contra los uniformados Mario Arancibia González y Mario Guzmán Yuri, a quienes se les imputará por homicidio frustrado en contra de ocho personas, y disparos injustificados que terminaron con gente lesionada durante una manifestación del día 22 de octubre de 2019, en el sector de la plaza Sucre.
Junto con ello, el ente persecutor acusará a uno de ellos por el delito de falsificación de instrumento público. El tribunal acogió el pedido y fijó la audiencia para el próximo 29 de noviembre, a partir de las 08:50 horas, informó El Mercurio de Valparaíso.
El fiscal de la Ciudad Jardín, Juan Sebastián de la Fuente, indicó que tras tomar las declaraciones y la solicitud de exámenes corporales a las víctimas y pericias, la Policía de Investigaciones logró arribar a la conclusión de que "hay antecedentes suficientes para formalizar la investigación en contra de estos dos funcionarios de Carabineros".
¿Quién es el tercer imputado y cuáles son lo cargos?
La Fiscalía también pidió al Juzgado de Garantía de San Antonio una audiencia para imputar de "apremios ilegítimos" al carabinero de la primera comisaría de esa comuna, Alejandro Orellana Vera.
Esto porque, aseguró el persecutor de la causa al diario El Líder de esa ciudad puerto "en el marco del estallido social, en noviembre de 2019, agredió a una manifestante, dándole un puntapié en el rostro mientras se encontraba detenida, provocándole lesiones".
El hecho estaría registrado en un video en el que se apreciaría el momento en que el funcionario policial le propinaba una patada en la cabeza a la manifestante, quien en ese entonces tenía 18 años. La formalización quedó fijada para el 10 de diciembre próximo.