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Ley Chorrito: Presentan Proyecto de Ley para garantizar un mínimo de agua potable a las personas

La iniciativa busca que el elemento vital sea un derecho universal para las personas y que se garantice una cantidad de 100 litros diarios del vital elemento y sin costo. Proyecto fue presentado por la diputada Joanna Pérez (DC) y patrocinada por el senador Guido Girardi.

Justo cuando hoy se conmemora el #DíaMundialdelAgua en todo el mundo, la Cámara de Diputados presentó un Proyecto de Ley para garantizar que todo habitante del país tenga garantizado al menos 100 litros de agua potable al día, y que sea algo obligatorio para las personas, aunque estas tengan deudas con las empresas sanitarias.

Si bien desde que comenzó la pandemia del coronavirus, en marzo del año pasado, a nadie se le puede cortar el suministro de agua, la diputada Joanna Pérez (DC),  una de las impulsoras del proyecto y quien lideró la idea, explicó que se apunta a la etapa post pandemia.

"Avanzamos en la Ley Anticortes de servicios básicos donde incluíamos el agua y, por cierto, también pensando hoy día post pandemia en una posibilidad de corte, donde se le garantice a toda persona a lo menos dos metros cúbicos a seis metros cúbicos (de agua) mensuales para consumo humano", señaló la diputada Pérez respecto a la también denominada "Ley Chorrito".

Derecho humano

"El agua es parte de un derecho humano fundamental porque sin ella no se puede vivir. Se requiere para el consumo, al menos dos litros diarios, y para el saneamiento básico y la higiene personal. Esa agua son los primeros cien litros y tiene que ser un derecho humano garantizado para todas las personas, independiente de su condición racial, social o lugar geográfico", agregó el senador Guido Girardi, otro de los impulsores de la idea.

"Y en esto debemos seguir avanzando, trabajándolo como un derecho humano. Por eso, en una nueva Constitución tiene que estar presente, y hoy día principalmente post pandemia, en una crisis sanitaria se hace necesario legislar", añadió la diputada Pérez.

Eso si, el proyecto apunta a proteger el derecho humano al abastecimiento de agua a los clientes residenciales, no así para los comercios, restaurantes o empresas.

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