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¿Qué pasará con Punta Peuco? Ministro de Justicia se refirió a posible cierre del Penal

A días de que se cumplan 50 años del Golpe de Estado, esta semana podría haber anuncios sobre el destino de esta cárcel, resistida por familiares de las víctimas que consideran el recinto como un privilegio para violadores de derechos humanos.

Luis Cordero. "Hay medidas que en ese caso se ejecutan y no se anuncian”, explicó el ministro.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a la opción de cerrar el Penal de Punta Peuco donde están encarcelados exuniformados y exagentes condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.

Al respecto, el secretario de Estado, indicó que “cuando uno ve el origen de Punta Peuco, que es un decreto supremo, este se crea en 1995 como un penal especial, ese es su origen”. En relación al posible cierre, Cordero explicó que “hay medidas que en ese caso se ejecutan y no se anuncian”.

Consultado sobre el traslado de los presos o un eventual cambio del destino penitenciario de Punta Peuco, Cordero afirmó que “eso es lo que puede pasar en cualquier tipo de penal.

“Hoy día las personas que están ingresando condenadas por delito de violación de derechos humanos, hace un rato ya no están ingresando a Punta Peuco, sino que a Colina, porque Punta Peuco tiene capacidad para 130, hoy día está sobrepasada”, agregó.

El presidente confirmó que su gobierno estudia destino de penal Punta Peuco.

Sus declaraciones se dan conocer luego que el pasado fin de semana el Presidente Gabriel Boric asegurara durante el programa Mesa Central de Canal 13, que la idea de cerrar el penal “se está estudiando y se hará en los tiempos que correspondan”.

En la ocasión el jefe de Estado admitió que “hay diferentes alternativas, no son cosas para andar haciendo anuncios, ni jugarretas, ni maniobras comunicacionales”, argumentó.

Cabe destacar que a días de que se cumplan 50 años del Golpe de Estado, esta semana podría haber anuncios sobre el destino de esta cárcel, resistida por familiares de las víctimas que consideran el recinto como un privilegio para violadores de los derechos humanos.

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