Cámara de Diputados ratificó el acuerdo: ¿Qué es el Tratado de Escazú y qué implica para Chile?

El Tratado de Escazú fue respaldado este miércoles por la Cámara de Diputados y Diputadas, con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, pasando así a ser discutido en el Senado.

Este proyecto fue firmado por el Presidente Gabriel Boric el pasado 18 de marzo (una semana después de asumir el cargo), para que el Congreso aprobara la adhesión de Chile a este acuerdo internacional. Lo anterior, luego de años de incertidumbre y negativas por parte de la administración del exMandatario Sebastián Piñera.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, expresó cuando la iniciativa fue ingresada en el Congreso: "Hoy es un día emotivo y largamente esperado por quienes creemos que los Derechos Humanos, la democracia, y nuestro deber de transitar a un modelo ecológico justo, es la tarea más importante de esta época".

"La aprobación del acuerdo de Escazú para Chile nos pondrá manos a la obra a una demanda muy sentida por nuestra sociedad, por una mejor información, participación y justicia ambiental. Permitirá que el Estado se ponga a tono con una sociedad que reconoce cada vez más que no hay otra forma de desarrollo que no sea con la protección de la naturaleza", agregó Rojas.

¿Qué es el Tratado de Escazú y qué implica para Chile?

El Tratado de Escazú es un acuerdo internacional firmado por países de América Latina y el Caribe sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

Su objetivo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano, a la vez que luchar contra las injusticias y desigualdades ambientales garantizando derechos fundamentales para que las personas y comunidades puedan defender su entorno

El tratado reconoce cuatro derechos humanos claves para que la ciudadanía pueda defender su entorno de una manera efectiva y libre de amenazas e inseguridades, estos derechos son:

• El derecho a acceder a la información ambiental para saber cuestiones indispensables para nuestro día a día, como cuál es la calidad del aire que respiramos o del agua que consumimos.
• El derecho a ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a nuestro medio ambiente, contando con mecanismos de participación directa y efectiva, donde asegurarnos de que nuestra voz sí sea escuchada.
• El derecho a acceder a la justicia en caso de que uno de esos derechos se vea vulnerado.
• El derecho a alzar la voz y comunicar lo que está pasando en nuestro ambiente en un entorno seguro y propicio, libre de amenazas e inseguridades.

Cabe destacar que el acuerdo está abierto para los 33 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hasta el momento ha sido firmado por 24 países hasta el 27 de septiembre de 2018, estos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

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