La Universidad de Chile inició una revisión legal estratégica frente a Azul Azul mediante la contratación del abogado Andrés Jana Linetzky. La determinación fue instruida de forma directa por la rectora Rosa Devés, quien solicitó trazar una ruta técnica corporativa no penal.
La misión principal del jurista será auditar detalladamente el Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos suscrito con la administradora del club deportivo. Las autoridades universitarias manifestaron inquietud ante posibles vulneraciones a los principios contractuales que resguardan la imagen de la institución de educación superior.
El quiebre institucional se profundizó debido a las diligencias de la PDI y la Fiscalía en contra de Michael Clark, ex presidente de la sociedad anónima. El ejecutivo dejó la testera de la firma en el marco de las indagatorias asociadas al denominado Caso Sartor.
A través de un documento oficial, la casa de estudios fundamentó la auditoría externa: “Las recientes diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público (...) refuerzan lo señalado por esta Casa de Estudios Superiores en la última junta ordinaria de accionistas”, según reveló La Tercera.
El comunicado institucional complementó que en dicha instancia se advirtió una “falta de transparencia en la información de la sociedad y la existencia de un débil gobierno corporativo”. El informe elaborado por Andrés Jana establecerá las acciones procedentes para la protección de los derechos universitarios.
Actualmente, la casa de estudios posee representación minoritaria en la mesa directiva de Azul Azul S.A., representada actualmente por Andrés Weintraub y Héctor Humeres. Dicho bloque posee menor peso frente a los ocho directores restantes, encabezados por Cecilia Pérez.
Cláusulas financieras y vigencia del contrato con Azul Azul
El convenio que regula el uso de la marca Universidad de Chile, el logotipo de la letra “U” y la figura del chuncho fue firmado el 18 de agosto de 2008. El documento original fue visado por el entonces rector Víctor Pérez y el ex presidente del club, Federico Valdés.
La vigencia del acuerdo rige de forma obligatoria hasta diciembre del año 2052. Esto luego de que en 2022 la concesionaria cancelara la deuda tributaria histórica que arrastraba la extinta Corfuch ante la Tesorería General de la República, extendiendo automáticamente el mandato por un período de 30 años.
En materia económica, el pacto estipula que Azul Azul S.A. debe pagar anualmente a la universidad el 1,05% de sus ingresos brutos totales antes de impuestos. Este ítem financiero representa un ingreso estimado de $400 millones de pesos, y el contrato establece que cualquier discrepancia se resolverá vía arbitraje.
Andrés Jana, el hombre clave
El profesional a cargo del análisis es socio fundador de la firma Jana & Gil Dispute Resolution y cuenta con más de 25 años de trayectoria. Andrés Jana se licenció de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios en 1994 con distinción máxima y posee un Máster en Leyes por la Universidad de Harvard.
En su experiencia internacional destaca su rol como vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional entre 2021 y 2024. Además, el abogado integra el panel de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
