
Wimbledon sacudió el circuito profesional este jueves al anunciar un incremento del 20% en su bolsa de premios para la presente edición de 2026. El certamen sobre césped más importante del mundo alcanzará un total récord de 64,2 millones de libras esterlinas (aproximadamente 75,1 millones de euros) a repartir entre sus participantes.
Con esta actualización, el campeón y la campeona de los cuadros individuales masculinos y femeninos recibirán la suculenta cifra de 3,6 millones de libras (cerca de 4,2 millones de euros) cada uno. Esto representa un aumento directo de 600.000 libras en comparación a lo que se adjudicaron los monarcas de la temporada pasada en la catedral del tenis.
El millonario pozo para las rondas iniciales y la qualy
La organización del Grand Slam británico no solo pensó en las máximas estrellas del circuito, sino que también inyectó recursos en las etapas donde suelen competir los tenistas de menor ranking, incluidos los representantes de nuestro país que buscarán dar el golpe en Londres: Alejandro Tabilo, Cristián Garín, Tomás Barrios y Nicolás Jarry.

Los jugadores que resulten eliminados en la primera ronda del cuadro principal percibirán un consuelo de 80.000 libras (unos 93.600 euros). Asimismo, el torneo destinó más de seis millones de libras para la qualy, lo que se traduce en un aumento del 25% respecto a los registros anteriores.

La respuesta de Wimbledon a la rebelión de los tenistas
Este histórico incremento global de 10,7 millones de libras no es casualidad. La decisión de la organización llega en un contexto de altísima tensión entre los profesionales y las dirigencias de los Grand Slams por la distribución de los ingresos de la industria.

El sindicato de jugadores sostiene que los Majors deberían amarrar el dinero de los premios a los ingresos totales generados por el evento. De hecho, la crisis sumó un capítulo complejo en el pasado torneo de Roland Garros, donde varios tenistas se negaron a cumplir con sus compromisos ante los medios de comunicación a modo de protesta por lo que consideran un reparto económico injusto.








