Este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, en el marco de un trámite que lo responsabiliza por el no financiamiento y la vulneración a trabajadores del área.
La resolución se obtuvo con 71 votos a favor, 76 en contra y ninguna abstención.
El texto necesitaba 139 apoyos para continuar avanzando en el Congreso. Sin embargo, contó con poco respaldo e incluso lo desestimaron algunos diputados como Carlos Jarpa (ex-PR), Pablo Lorenzini (ex-DC) y Pepe Auth (ex-PPD). En tanto, salvo Matías Walker la DC respaldó el libelo.
El documento, que tenía a la diputada Camila Rojas como una de sus principales impulsoras, cuestionaba a Figueroa por faltas a la regulación y financiamiento del sistema educativo, además de las leyes que vulneran a trabajadores y trabajadoras de la educación, y con amenazar a la vida y a la integridad física y síquica de la comunidad escolar.
Durante la sesión, Figueroa rechazó discutir la "cuestión previa" sobre la pertinencia de la acusación, asegurando que su abogado, Jorge Gálvez, "puede hacerse cargo de mi defensa derechamente sobre el fondo de la acusación". La petición fue visada por el vicepresidente Francisco Undurraga (Evópoli).
Cabe señalar que la acusación llegó con recomendación negativa tras haber sido rechazada en la comisión revisora, integrada mayoritariamente por diputados oficialistas.
Acusación constitucional por Camila Rojas
Posteriormente, se dio paso a las palabras y argumentación de la acusación a la diputada Camila Rojas (Comunes), quien fue la principal gestora del trámite, debido al rol que ha cumplido Figueroa al mando del Mineduc durante la pandemia del Covid-19.
En la oportunidad, la legisladora recordó que “tras semanas de solicitudes desde las comunidades educativas, tras solicitudes desde las autoridades municipales, el ministro de Educación, don Raúl Figueroa, anunció a mediados de marzo de 2020 la suspensión de las clases presenciales por dos semanas a todos los establecimientos educacionales”.
"Si bien desde entonces como país hemos enfrentado ante un escenario de aguda inseguridad sanitaria y económica, producido por la pandemia del Covid-19, el sistema educativo ha constituido muchas veces una fuente de incertidumbre en momento de agobio para las familias, las y los trabajadores de la educación y en general para las comunidades educativas", añadió.
Defensa de Raúl Figueroa
En tanto, la defensa del titular del Mineduc indicó que "el señor ministro ha cumplido rigurosamente con la ley" y que el cuestionado retorno a clases voluntario no fue "por un fanatismo neoliberal, como plantea la acusación, sino que a petición de las propias comunidades educativas".
El abogado Jorge Gálvez insistió en que la acusación estaba basada "en diferencias políticas", las que calificó como "legítimas" pero aseguró que no eran pertinentes.
"Por más esfuerzo que hagamos, no encontramos en la acusación constitucional imputaciones de comportamientos precisos dirigidos al señor ministro. No encontramos tampoco la identificación de mandatos y deberes imputados al ministro", sostuvo Gálvez agregando "no se alcanza el estándar necesario para afirmar una infracción de aquellas para llevar el ejercicio legítimo de esta acción punitiva", indicó.