En Chile, ha habido un aumento en la cantidad de ocupaciones ilegales de propiedades, lo que ha generado preocupación entre los propietarios y ha llevado al gobierno a tomar medidas. En este contexto, se presentó un proyecto de ley que buscaba sancionar las usurpaciones.
Al proyecto le pusieron urgencia, fue aprobado por la cámara baja y luego por el Senado, con 24 votos a favor y 17 en contra.
La iniciativa tiene como objetivo regular los delitos relacionados con las ocupaciones ilegales de propiedades, estableciendo sanciones más severas y mecanismos más eficientes para la restitución de los inmuebles.
Sin embargo, la sombra del veto presidencial acecha al proyecto.
Detalles
La ley propone sanciones para quienes realicen ocupaciones ilegales de inmuebles, tanto urbanos como rurales. Establece penas de prisión que van desde los 61 días hasta los 5 años, dependiendo de la gravedad de la ocupación.
Además, el proyecto incluye sanciones para quienes inciten, promuevan o faciliten la usurpación de propiedades.
Legítima Defensa: uno de los puntos más controvertidos
El proyecto de ley originalmente intentó revertir la norma que permite a los propietarios de inmuebles ejercer la legítima defensa en sus propiedades.
Al respecto, el día 29 de agosto, la Ministra Tohá dijo lo siguiente:
Oposición al proyecto
La iniciativa ha generado duras críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, quienes argumentan que criminaliza la pobreza y no aborda las causas subyacentes de las ocupaciones ilegales, como la falta de vivienda y la desigualdad social. Además, señalan que el proyecto podría ser utilizado para reprimir movimientos sociales y desalojar comunidades indígenas de sus territorios.
Posición del gobierno
Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, señaló durante su exposición en el Senado que el proyecto podría transgredir un principio básico del ordenamiento jurídico chileno que prohíbe la violencia entre particulares para resolver conflictos.
El Gobierno está particularmente preocupado por la inclusión de la figura de la “legítima defensa privilegiada”, especialmente cuando se combina con el carácter permanente del delito de usurpación.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó este miércoles que presentarán un veto a la recién aprobada Ley de Usurpaciones, particularmente por el concepto de “legítima defensa privilegiada”.
Dijo: “El Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa. No va a vetar que este sea un delito permanente. No va a vetar que se excluya a los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos”, indicó Tohá.
“Para eso está el derecho, para eso están las policías, para eso están los tribunales, para eso en las sociedades civilizadas han establecido el monopolio de uso de la fuerza en las policías. Es un avance civilizatorio que como gobierno no vamos a permitir que Chile pierde”, agregó la ministra de Estado.
División en los partidos de oposición
En una votación que mostró divisiones dentro de la oposición, figuras políticas de Evópoli a republicanos votaron a favor del proyecto. Sin embargo, demócratas como Ximena Rincón y Matías Walker votaron en contra.
Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana, por su parte, también rechazó la iniciativa, mientras que su correligionario, Iván Flores, votó a favor.
Reacciones a la aprobación del congreso y a la posibilidad de veto:
El diputado Andres Longton, presidente de la Comisión de Seguridad, por la aprobación del proyecto de ley de usurpaciones en el Senado, dijo lo siguiente:
“El proyecto de ley de usurpaciones acaba de ser aprobada en el Senado por mayoría, igual que en la Cámara de Diputados. Por lo que le pedimos al presidente que promulgue el proyecto para que sea ley y que no lo vete, que no vulnere la mayoría del Congreso que aprobó democráticamente este proyecto, que representa también a la mayoría del país que está cansada de las usurpaciones, que está cansada de la violencia. Piense en esas familias, presidente, y no piense en su sector político. Represente a todos los chilenos que es lo que le corresponde hacer.” dijo Longton.
El diputado RN por La Araucanía Jorge Rathgeb, por su parte, dijo:
“Valoramos que el senado le haya dado la urgencia que corresponde a esta ley de usurpaciones y la haya aprobado rápidamente pero lo que no entendemos es lo que ha señalado el gobierno, que no quiere promulgar una ley aprobada en ambas cámaras del Congreso Nacional. Aquí tiene la posibilidad de presentar un veto. Incluso yendo en contra de lo que han votado sus propios parlamentarios de gobierno. El gobierno debe entender que aquí hay una manifestación de la soberanía popular en el sentido de que la mayoría del congreso nacional ha aprobado una ley y ellos tienen que solamente promulgarla para convertirla en ley de la república y que rija desde lo antes posible”.
En una declaración enfática, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, en un comunicado entregado a la prensa, manifestó lo siguiente: “Chile, tierra de nadie. Chile, tierra de Ali-Babá y los 40 ladrones. Si el presidente se presta para vetar la ley de usurpaciones, será un disparo en los pies de su gobierno presidente. Y además de eso, le estará dando la espalda a miles de personas que hoy día quieren seguridad, que hoy día necesitan un futuro cierto, un futuro seguro para nuestros niños, para nuestras propiedades, para la libertad, presidente”.
Y además interpeló directamente al mandatario, diciendo: “Usted está permitiendo que la delincuencia avance, que la migración avance, que el terrorismo avance. Esta no es la manera. No se equivoque, presidente”.
“Y que esto sea solo una amenaza del ministro de Segpres estará contradiciendo a las decisiones de la democracia y del Poder Legislativo. Independiente de que sea una facultad del presidente, se está equivocando, Gabriel Boric”. Concluyó la diputada.
Dentro de quienes apoyaron la ppostura del gobierno se encuentra la diputada de Acción Humanista por el distrito 12, Ana María Gazmuri, quien dijo lo siguiente: “Esta ley que fue aprobada hoy día en el Senado refleja un retroceso civilizatorio. El grave problema que enfrentamos desde las usurpaciones no se soluciona persiguiendo a pobladores de campamentos, ni menos renunciando a que el monopolio de la fuerza lo tenga el Estado. Agradecemos el compromiso del Gobierno de no promulgarla y de que ejerza su derecho a veto”.
El posible veto: un nuevo capítulo en esta historia
El proyecto fue despachado a ley este miércoles por el Congreso, por lo que el Gobierno tiene 30 días para ingresar al veto, sin que hasta el momento se haya informado sobre la técnica que usarán: sea eliminado un artículo o reemplazándolo.
El proyecto de ley de usurpaciones es un tema delicado que ha generado divisiones tanto en la oposición como en el oficialismo.
Mientras que la iniciativa busca abordar el problema creciente de las ocupaciones ilegales, también plantea cuestiones éticas y legales que necesitan ser cuidadosamente consideradas. De esta forma, el posible veto presidencial añade otra capa de complejidad al debate.
