Las autoridades del Ministerio Público están implementando varias medidas en colaboración con otros organismos de seguridad para enfrentar las amenazas a los jueces por parte del Tren de Aragua.
Según publica El Mercurio, una de las acciones clave es la creación de un equipo especializado en casos de amenazas a autoridades, supervisado por la Fiscalía Metropolitana Sur.
Además, la Fiscalía Nacional está elaborando una “Política Integral de Seguridad” que abordará diversos aspectos, como la implementación de protocolos para enfrentar diferentes tipos de delitos, la mejora del sistema de comunicaciones internas, la protección contra ataques informáticos y la adopción de medidas de seguridad para las autoridades.
También se está evaluando el nivel de riesgo en coordinación con las fuerzas policiales, lo que incluye considerar la necesidad de proporcionar protección personal, familiar y posiblemente traslados para las autoridades amenazadas.
Jueces y fiscales afirman que amenazan no afectarán su trabajo
Asimismo, se está impulsando un proyecto de ley que permitiría omitir el nombre de los fiscales en las causas que se tramitan en los tribunales y otras instancias judiciales.
A pesar de las amenazas, los gremios de jueces y fiscales han afirmado que seguirán cumpliendo con sus funciones, sin que estas intimidaciones afecten su trabajo.
El jefe metropolitano de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI, Hassel Barrientos, ha señalado que estas amenazas son una táctica común utilizada por organizaciones criminales para infundir temor en la sociedad, aunque considera que es improbable que se materialicen.
Las amenazas se relacionaron con la “Operación Caracas”, vinculada a la organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela. Según la investigación, se habría estado planeando un ataque contra magistrados y fiscales desde el interior del Centro Penitenciario Santiago 1.