Un complejo final es el que tuvo la exportadora chilena Olivar Export y su socia Superfruta, las que eran propiedad del Grupo Miranda, luego de que el 2° Juzgado Civil de Rancagua determinara su liquidación forozosa tras acumular deudas por más de US$21 millones.
Esto luego de presentar un nuevo plan de refinanciamiento enfocado en la diversificación del uso de sus terrenos junto con reactivar la actividad importadora, reportó el Diario Financiero, la cual fue rechazada por sus acreedores y terminó con su quiebra definitiva.
La polémica detrás de la quiebra de Olivar Export y Superfruta
Mientras que ya comenzó la venta de algunos de los activos de Olivar Export y Superfruta para pagar sus deudas dentro de los que se cuentan terrenos en Rengo, líneas de producción, maquinarias, pallets, vehículos, entre otros; ambas empresas además están enfrentando 17 denuncias de pequeños y medianos agricultores locales, una querella de una compañía asiática, y varias demandas civiles por incumplimientos de pago a diversas entidades, según el medio antes señalado.
Una de ellas es la querella presentada por la compañía china Shanghai Yuhua Fruits, quien denunció en 2024 que la empresa no cumplió ni tuvo la intención de cumplir con la entrega de 15 contenedores de guindas avaluados en US$828.000, enviando solo uno en su lugar, y por el que la empresa alcanzó a pagar tres de cuatro cuotas pactadas.
Dichos que se suman a las acusaciones de un grupo de pymes locales que habrían vendido sus frutas al conglomerado chileno para comercializarlas al extranjero, los que también acusan que no recibieron ningún pago por su parte.
Empleados demandan a Superfruta y Olivar Export por pago de sueldos y finiquitos
Además, el pasado 30 de junio, 21 extrabajadores de Superfruta interpusieron una demanda ante la justicia para que se declare la unidad económica de ambas compañías y se les paguen sus prestaciones.
Estas se adhieren a las 80 causas que ya habían registrado previamente por cerca de $92 millones para conseguir el cumplimiento en la entrega de finiquitos, y a otros cinco exempleados que también iniciaron acciones legales por $51 millones para que se respete su continuidad laboral y se cumpla con el pago de sus obligaciones pendientes.
