Colo-Colo sumó un nuevo triunfo, pero esta vez lejos de la cancha. En los tribunales, el Cacique obtuvo un fallo favorable que obliga a un club de Segunda División a pagarle por los derechos de formación de un futbolista, en un caso con cifras difíciles de afrontar para la categoría.
Este jueves, el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP notificó a Provincial Osorno sobre la resolución del requerimiento presentado los albos. El organismo acogió de manera parcial la demanda y cerró así la primera instancia de un litigio que se arrastraba desde hacía varios meses.
La resolución es concreta. Provincial Osorno deberá pagar 56.877 dólares, poco más de 51 millones de pesos, por los derechos de formación del volante Carlos Soto, hoy en la escuadra taurina. El club dispone de un plazo máximo de 15 días para hacer efectivo el monto.
El golpe económico que pone en jaque a los Toros
A través de un comunicado oficial, la dirigencia de Provincial Osorno advirtió que la cifra compromete directamente la continuidad operativa y financiera de la institución de la Región de Los Lagos. La preocupación no es menor para un club de Segunda División, donde montos de este tipo pesan sobre presupuestos acotados.
Frente a ese escenario, la mesa directiva anunció que redoblará los esfuerzos administrativos y buscará el respaldo de la comunidad local y de la hinchada para reunir el dinero dentro del plazo.
En paralelo, su directiva analiza los argumentos técnicos del fallo para definir los próximos pasos institucionales e intentar resolver la situación por otras vías.
El conflicto no es nuevo. Ya en abril de 2025, el presidente de los Toros, Jorge Vidal, había apuntado contra el gerente deportivo albo, Daniel Morón, a quien declaró persona “non grata” tras acusarlo de desconocer un acuerdo previo entre ambos clubes para regularizar la situación de Soto.
Una batalla legal que continuará
El dictamen no termina la pelea. Osorno mantiene abiertos otros frentes ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde ha cuestionado la procedencia y legalidad de los cobros por derechos de formación en el mercado local.
Blanco y Negro, en cambio, ha sostenido de forma reiterada que estos cobros se ajustan a los reglamentos de transferencia vigentes en la ANFP y la FIFA, pensados para retribuir a las instituciones que invierten en las etapas iniciales de la carrera de un jugador.
La administración osornina anunció que en los próximos días entregará su postura oficial definitiva y las medidas que adoptará ante el dictamen que hoy mantiene en vilo a buena parte de los clubes de Segunda División.
