El juicio oral en contra de los nueve excadetes de Cobreloa acusados por la violación grupal de una joven ocurrida en septiembre de 2021, sufrió una severa postergación y recién comenzará a desarrollarse en marzo de 2027.
El inicio del esperado proceso estaba fijado para este domingo 27 de julio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama. Sin embargo, en medio de una audiencia de factibilidad procesal llevada a cabo el martes 21 de este mes, los intervinientes expusieron una serie de incidentes de última hora que hacían inviable el desarrollo normal de las audiencias, forzando la reestructuración completa del calendario judicial.
Las dos razones que obligaron a aplazar el juicio
La decisión adoptada por el tribunal loíno respondió directamente a dos solicitudes planteadas por las partes, con el objetivo de resguardar el debido proceso y evitar futuras nulidades en la causa.
Renuncia de la defensa y falta de tiempo: A solo 12 días del inicio del debate, uno de los abogados defensores particulares presentó su renuncia al patrocinio de los acusados. Ante esta situación, se debió designar a un defensor penal público, quien argumentó la imposibilidad material de estudiar la causa en menos de dos semanas para ejercer una representación adecuada.
Ausencia de prueba testimonial clave: De forma paralela, el Ministerio Público informó a la sala la imposibilidad de asegurar la comparecencia de un testigo catalogado como esencial e imprescindible para sostener la acusación formal durante los primeros días del juzgamiento.
Frente a este escenario, y considerando la alta carga laboral que registra la jurisdicción de Calama, el tribunal determinó que el primer espacio disponible en la agenda para albergar un proceso de esta magnitud corresponde a marzo de 2027, fecha en que se reanudarán las citaciones.
Los hechos investigados se remontan a la noche del 17 de septiembre de 2021, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias en la Casa del Deporte del club loíno. En ese recinto, según la acusación presentada por la Fiscalía de Calama, la víctima fue agredida sexualmente de manera masiva por un grupo de futbolistas que en ese entonces integraban las divisiones inferiores.
El proceso judicial destaca por su alta complejidad probatoria. La acusación del Ministerio Público contempla la declaración de 102 testigos, además de la exposición de abundante prueba pericial, científica y documental recopilada durante casi cinco años de indagatorias.
Por la gravedad de los delitos imputados, el ente persecutor exige penas que alcanzan hasta los 18 años de presidio mayor en su grado máximo para cada uno de los nueve acusados.
