Una delicada encrucijada legal y de convivencia golpea a Ernesto Belloni. Residentes de un condominio en la comuna de Lampa hicieron pública una severa denuncia contra el humorista por destinar una de sus parcelas al funcionamiento de un centro de rehabilitación de adicciones, actividad comercial prohibida expresamente por el reglamento interno del lugar.
El conflicto, expuesto en el programa Plan Perfecto, escaló a tal punto que los vecinos aseguran vivir con temor diario producto de la presencia de entre 20 y 30 personas hospedadas en la vivienda.
“Si tú me preguntas, esto no funciona como centro de rehabilitación; estamos teniendo, yo creo, una bomba de tiempo”, advirtió con angustia uno de los pobladores afectados.
Fugas nocturnas e irrupciones en viviendas de vecinos
Según los testimonios recopilados, los problemas no solo radican en el uso comercial del inmueble, sino en la falta de control sobre los internos. Los residentes reportaron que varios de ellos se saltan los cercos de contención e incluso ingresan a hogares colindantes.
La alerta llegó a su punto máximo cuando una de las personas en tratamiento logró escapar del recinto y terminó oculta dentro de la casa de uno de los propietarios. Aunque desde el centro su monitor aseguró que las salidas son acotadas y restringidas a tareas de liderazgo, la comunidad sostiene que el ambiente es insostenible.
La versión de Ernesto Belloni y su plan para cancelar el arriendo
Frente a los cuestionamientos por no fiscalizar las normativas del condominio antes de firmar el contrato, el comediante entregó su versión de los hechos y aseguró que intentó solicitar el reglamento formalmente sin obtener respuesta.
“Mandé un WhatsApp a la oficina administradora para saber si me podían mandar el reglamento del condominio”, sostuvo Belloni. Al no recibir contestación, asumió que no existían impedimentos: “Yo nunca recibí de vuelta la respuesta, entonces desgraciadamente lo di por hecho y entonces arrendé”.
Al percatarse del impacto del problema, el artista afirmó haber iniciado las gestiones inmediatas para desalojar a los ocupantes y rescindir el contrato.
“Empezamos a hacer los trámites para que dejaran la casa”, aseveró.
No obstante, ante la falta de solvencia económica de los administradores del centro para reubicarse, Belloni decidió financiar su salida para acelerar el proceso.
“Me decía que no tenían plata para irse, que era lo lógico; entonces di las instrucciones yo de que se les devolviera toda la plata que habían pagado para que pudieran arrendar en otra parte y que no les cobraran arriendo mientras no estuvieran ahí”, detalló.
Actualmente, el caso suma una arista económica pendiente: sobre el inmueble pesan dos sanciones impuestas por la administración del condominio que acumulan cerca de $8 millones en multas, montos que aún no han sido saldados.
