Este viernes los concejales Jorge Martínez (UDI), Antonia Scarella (IND-UDI) y René Lues (DC) denunciaron en la Contraloría Regional de Valparaíso a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.
Los ediles acusan a la líder comunal de haber ordenado enmarcar 150 fotografías suyas que fueron instaladas en diversas oficinas administrativas, desembolsando $2.465.085 a costo de la billetera municipal.
Según El Mercurio de Valparaíso, los concejales calificaron la medida como algo "éticamente innecesario" y acusaron una "falta grave a la probidad administrativa", solicitando al ente regulador que se mande a retirar los retratos de Ripamonti.
Reprocharon que se estaría efectuando un "un uso reiterado de la imagen de la alcaldesa, sin
tener por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que el municipio otorga".
Los ediles aseguraron que han recibido "muchos comentarios de funcionarias y funcionarios municipales que se encuentran molestos por el motivo del gasto y por habérseles impuesto la instalación de los cuadros en sus oficinas, pero que tienen temor de decirlo públicamente por las represalias que pueden sufrir".
En ese sentido, manifestaron que "la gestión alcaldicia de Viña del Mar debe ejercerse con austeridad y rectitud, especialmente en una ciudad con tantas necesidades y un país que pasa por una fuerte crisis económica".
"Gastarse por propia voluntad y decisión dos millones y medio de pesos para encuadrar e instalar en diversas dependencias municipales 150 fotografías individuales suyas, es un gasto éticamente innecesario y reprochable, pues nada aporta como servicio a la comunidad", agregaron.
Finalmente, los ediles consideraron la situación un "un acto de vanidad y de culto a la personalidad inaceptable en el Chile de hoy, menos si es financiado con recursos de todas y todos los viñamarinos".
La respuesta de la alcaldesa Ripamonti
Consultada sobre el tema en el mismo medio, la alcaldesa Ripamonti manifestó al respecto en el Mercurio de Valparaíso que aquello se enmarcó dentro de "políticas de protocolo que se han hecho siempre en el municipio, que no las consideramos un problema, pero si es que lo hay, obedeceremos lo que diga la Contraloría".
Así, agregó que le parece "maravilloso y nos encanta que haya fiscalización, porque creemos que es parte de la democracia, (...) todo uso de dineros públicos y toda la aplicación de política pública que se haga debe ser controlada y revisada".