Un histórico edificio de Santiago está atravesando una compleja situación económica, encontrándose al borde de la quiebra. Sin embargo, con el fin de evitar su cierre, optará por una última estrategia que podría permitir su continuidad.
Se trata del Club de la Unión ubicado en el centro de Santiago, el cual fue sentenciado a una liquidación forzosa luego de que un grupo de trabajadores reclamaran deudas laborales por un monto en torno a los $800 millones.
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Club de la Unión aposta su última carta para evitar su quiebra
Según lo informado por El Mercurio, este jueves o viernes se podría abrir un camino para retomar la opción de una reorganización del Club de la Unión.

Esto, ya que se encuentra a la espera de la resolución de un recurso ante la Corte de Apelaciones que busca revivir su reestructuración de pasivos con el fin de darle continuidad al club.
Mientras tanto, según informaron conocedores del proceso al medio mencionado, el viernes, el Tribunal Constitucional debiera pronunciarse sobre otro recurso de apelación presentado por la administración de la entidad, cuyo directorio es presidido por Matías Pérez.
Club de la Unión se prepara para su liquidación
Desde El Mercurio conversaron con el liquidador Ernesto Pérez Vera, quien en los próximos días debería inventariar el club, y cerciorarse de que sus únicos activos son artículos de cocina, entre otros.
Además, deberá constatar diferentes cuadros y obras de arte de la sociedad que no sean parte del activo, y algunas estimaciones indican que estas podrían significar montos de hasta US$ 40 millones.
Ernesto Pérez explica que lo que viene ahora es “administrar la empresa en quiebra hasta vender el último bien y pagar a los acreedores (...) hace unos días se publicó la resolución de liquidación, y se verificarán todos los acreedores del club en un nuevo proceso, que es este proceso de quiebra”.
Agregando que el club estaría funcionando y que, una vez que se instale en él, debe inventariar, “conversar con los trabajadores, para comentarles que están despedidos, que procede el finiquito, y hay que ver si tenemos fondos para el pago de esos finiquitos (...) ya sea que se continúe con la actividad, porque la ley concursal plantea la posibilidad de continuar la actividad por unos meses de la deudora para cumplir contratos (fiestas, eventos, reuniones, matrimonios) que se venían sirviendo, porque o si no, se generarían más pérdidas para la deudora”.
Ahora, advierte que si se llega a formular una solicitud de continuidad, debe haber viabilidad económica. Si la respuesta es positiva, se tienen que seguir pagando los sueldos de los trabajadores, pero bajo un nuevo contrato.