Transcurrida más de una hora de la suspensión de la Supercopa 2024 que enfrentó a Huachipato y Colo Colo en el Estadio Nacional, la ANFP sacó la voz para referirse a la triste postal vivida en Ñuñoa, que terminó con la suspensión del partido y sorprendió al destacar el buen funcionamiento de los protocolos de seguridad durante el evento.
El encargado de declarar en representación del ente rector del fútbol local fue Felipe de Pablo, gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, quien aseguró que la organización cumplió con los requisitos durante la jornada, pese al bochornoso final que obligó a parar el partido.
“Todos los sistemas coordinados con Carabineros funcionaron bien y un comité de crisis que se compone con la autoridad política, policial y deportiva tomó la decisión de suspender”, explicó el directivo, detallando que se hicieron todos los intentos para finalizar el encuentro.
“Siempre se buscó la continuidad del partido, se hicieron llamados para privilegiar el deporte pero son más de 11 guardias con lesiones importantes. Estaba corriendo peligro la integridad de los jugadores” detalló De Pablo.
Más allá de lo ocurrido en Ñuñoa, la autoridad del fútbol insistió en las políticas de control de hinchas que pretenden implementar e insistió en su importancia.
“Vamos a seguir trabajando en la manera que ustedes han visto. El Registro Nacional de Hinchas debería ser obligatorio en los partidos de aquí en adelante”, finalizó.
Estadio Seguro también se refirió a la debacle en la Supercopa
Otro de los actores relevantes en la organización de los espectáculos futbolísticos es el Plan Estadio Seguro y el organismo reaccionó a lo sucedido a través de un comunicado.
“El organizador del evento deportivo, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, Carabineros de Chile y este Departamento participaron de una planificación de semanas y redoblaron esfuerzos con miras a un espectáculo familiar que se vio empañado por autodenominados hinchas que sólo buscaron destrucción y atentar contra una fiesta deportiva”, fue parte de la carta pública,
Junto con ello, la división gubernamental aseguró que utilizarán “todas las herramientas disponibles para perseguir legalmente y sancionar a los responsables con el máximo rigor legal”.