Tres meses se cumplen desde que la tragedia tiñó de negro el Centenario de Colo Colo. La muerte de dos hinchas en las inmediaciones del estadio Monumental sigue sin tener un avance judicial concreto, esclarecedor, certero, fuera de las medidas disciplinarias que adoptó la autoridad competente luego de sancionar y procesar a los funcionarios policiales que atropellaron a los dos jóvenes -voluntaria o involuntariamente, eso tendrá que resolverlo la Justicia algún día.
Aquel episodio fue el debut en sociedad del Ministerio de Seguridad, ministro Luis Cordero incluido. Muchas declaraciones de principios, reuniones informativas, diagnósticos inquietantes y advertencias variadas de los personeros de gobierno de distinta jerarquía a todos los involucrados en el ambiente del fútbol profesional. Dos semanas en el que el mundo político abrió los ojos para dimensionar el poder y la violencia penetrante de las barras bravas y de los narco-hinchas.
Hasta que el tema, la resonancia y la indignación pasaron de moda (como todos los asuntos relevantes durante este y los anteriores gobiernos de turno).
Pero los problemas del fútbol no solo dejaron de importar. Los barristas-delincuentes retomaron las viejas prácticas que, se suponía, el nuevo modelo de la autoridad se encargaría de controlar. Desaparecido Estadio Seguro -chivo expiatorio de todos los males-, la institucionalidad le derivó la función al Departamento de Orden Público y Eventos Masivos (DOPEM) para que se hiciera cargo de la operativa de la evaluación de los partidos. Un cambio nominal propio de la burocracia estatal dominada por funcionarios que de calle tienen poco y de experiencia-estadio, tienen nada.
Una de las promesas de la entrante institucionalidad era que se encargaría de poner orden en el fútbol a través de una nueva gobernanza, que contemplaba una participación amplia de vastos sectores de la ciudadanía que, entre otras tareas, vería la programación de partidos. Ese discurso ampuloso, acompañado de ideología etérea que domina a este gobierno -no olvidar esa joya conceptual del “barrismo social” del candidato Gabriel Boric-, jamás se aplicó.
La ‘mesa de programación’ que abarcaría a múltiples actores de la actividad ni siquiera incluyó al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), como denunció su presidente Gamadiel García, quien acusó de estar vetados por la ANFP. No hay que ser adivino para asumir que la dupla Pablo Milad-Jorge Yunge no deben compartir los criterios básicos de seguridad que podrían exigir los jugadores, ni tampoco para sospechar que varios altos directivos de clubes ni siquiera se acercan a los estadios, así que lo que suceda en los recintos les interesa un carajo. Si hasta los representantes de TNT Sports, el canal que tiene los derechos de TV, dejaron de asistir a las reuniones de la mesa.
Pero volvamos a la autoridad central.
El sábado 5 de julio en el estadio Monumental se registró un Arengazo por el clásico entre la UC y Colo Colo. El evento contó con la autorización del Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien visó el encuentro masivo sin que existiera informe previo de Carabineros y sin consultarle al Ministerio de Seguridad, o sea, al ministro Cordero. Resultado: desórdenes en las afueras del estadio y cierre preventivo de estaciones del Metro debido a la acción de los barristas-delincuentes. Solo el azar impidió que no se hubieran producido incidentes graves con los hinchas de Universidad de Chile, que a la misma hora se desplazaban por Santiago para concurrir al partido contra Unión Española en Santa Laura.
Durán, quien hace unas semanas salvó, solo por sus vínculos políticos con las bancadas partidistas, de ser acusado constitucionalmente por el rol que le cupo aquella noche de los dos jóvenes muertos en el Monumental, volvió a jugar con fuego. Y lo más grave: expuso a inocentes -vecinos de Macul, transeúntes o pasajeros del Metro-, sin que existiera una razón de peso que justificara autorizar el Arengazo. Carabineros debió concurrir al evento -es su obligación- para controlar a los barristas-delincuentes quienes, se sabía de antemano, no iban a ingresar al estadio, porque su intención era justamente instalarse en las calles a “hacerse ver” y cometer desórdenes. Del Ministerio de Seguridad poco y nada se supo, salvo que había sorpresa y molestia por la jugada en solitario de Durán. Pero nada muy evidente para que no se generara una controversia pública entre un ministro y un Delegado.
Pocos días después, Colo Colo presentó una solicitud para otro Arengazo, esta vez con motivo del Superclásico del sábado. Durán lo volvió a autorizar, aun cuando hace menos de una semana ya hubo desmanes y peligro. El criterio basal del Delegado Presidencial para hacerlo es que si no accedía, los barristas-delincuentes igual acudirían. Esta vez, Durán sí avisó al Ministerio de Seguridad, cuyo ministro precisó que Colo Colo solo tiene permiso para que el Arengazo se haga dentro del estadio, y que cualquier evento que se registre fuera del recinto será considerado ilegal. Aunque a Carabineros -esto no lo van a admitir públicamente- no le disgusta que la manifestación se efectúe fuera del recinto para optimizar recursos, porque sabe de antemano que igual habrá inadaptados que saldrán a la calle o, mejor dicho, que nunca ingresarán al estadio. Está escrito sobre piedra que este sábado Metro deberá cerrar estaciones y los vecinos no podrán salir de sus casas durante las tres horas del Arengazo.
¿Cómo puede ser que sigamos hablando de lo mismo después de la tragedia que ocurrió hace tres meses en las afueras del Monumental? La respuesta es simple. La efervescencia política del gobierno y del resto de oportunistas por perseguir a los narco-hinchas y barristas-delincuentes se acabó. Ya no rinde mediáticamente ni atrae votos en autoridades que están sobrepasadas y que, además, se están yendo. El Ministerio de Seguridad se conformó con anunciar la nueva gobernanza y dejó en manos de Durán la coordinación. Un ex alcalde que, ya sabemos, no se ha caracterizado por obrar con eficiencia y sensatez cuando se trata de aplicar medidas y no quedar bien con los clubes de altas convocatorias y con sus barras. La ANFP, por su lado, entendió que para el Gobierno es una mala señal política tener que suspender el fútbol, porque la gente lo interpretará como una derrota de la autoridad ante el barrismo delincuencial, y no como consecuencia de que a la ANFP el tema de seguridad les sigue inquietando cero.
Mientras tanto, las barras continúan operando normalmente en el fútbol, presionando a los clubes grandes con amenazas y sometiendo a la autoridad a funcionar bajo sus códigos. El Ministerio de Seguridad y el DOPEM son una mascarada de un gobierno incapaz de hacer cumplir la ley y temeroso ante el impopular costo de suspender la actividad.
Gobierno que tiene, por si fuera poco, un tremendo peso que cargar cuando la Fiscalía se digne a concluir la investigación y entregar la verdad judicial: que los funcionarios policiales encargados de perseguir a los narco-hinchas y darle seguridad a la gente inocente que concurre al estadio, son de los mismos que dieron muerte a los dos hinchas de Colo Colo aquella negra noche del 10 de abril.
