La iniciativa busca que hombres desde los 70 años y mujeres de los 65 que tengan alguna enfermedad terminal o menoscabo físico grave puedan cumplir su condena en su domicilio, por lo que quedaría un espacio abierto para aquellos violadores de derechos humanos.
“Es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas, que sería conveniente por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia consciencia, que la pudieran entregar