La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Corte Suprema, las solicitudes enviadas por la justicia italiana de extradición de tres uniformados chilenos condenado a cadena perpetua por el Plan Cóndor.
Este acuerdo, pactado por las dictaduras de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile, buscaba secuestrar y ejecutar a los disidentes de sus regímenes durante las décadas de los 70 y 80.
Se trata del exmilitar Daniel Aguirre Mora, el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo (exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia DINA) y el exfuncionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Carlos Luco Astroza. Los tres funcionarios, en el contexto de la dictadura cívico-militar, desempeñaron funciones en las fuerzas de orden y seguridad, y fueron acusados y condenados por asesinar a ciudadanos ítalo-chilenos.
Según lo que detalla la solicitud de la Cancillería a la Corte Suprema, Aguirres Mora y Luco Inostroza fueron condenados por haber participado como encargados de los "interrogatorios y de las torturas en la prisión de Temuco, en el asesinato del nacional italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli".
Por su parte, Espinoza Bravo fue condenado por "haber participado, junto a otras personas, como jefe de las operaciones y número dos de la DINA y como responsable del centro clandestino de detención y tortura 'Villa Grimaldi' en los asesinatos de los nacionales italianos Jaime Patricio Donato Avendaño y Juan Bosco Maino Canales".
La justicia italiana declaró a Daniel Aguirres y a Carlos Luco, como culpables del homicidio voluntario pluriagravado cometido en septiembre de 1973; y a Pedro Espinoza, como culpable de homicidio voluntario pluriagravado cometidos los días 5 y 26 de mayo de 1976, siendo condenado a cadena perpetua con aislamiento diurno por dos años.
Esta solicitud de extradición se ampara en el Tratado de Extradición entre Chile e Italia, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002.
