"Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley". Con esta cita al líder mexicano Benito Juárez, Daniel Matamala comenzó su columna de opinión correspondiente a la edición dominical de La Tercera.
El periodista comienza su columna realizando una comparación entre un caso judicial Mapuche y el de las amenazas en contra de la fiscal Chong, que podrás leer más abajo. Sin embargo, el foco es su preocupación frente a la "disparidad de criterios" con la cual el Gobierno aplica la Ley de Seguridad del Estado (LSE).
Matamala se refiere a las 1.054 querellas por LSE que ha invocado el Estado, desde el Estallido Social hasta el 7 de julio de este año, entre ellas la de un hombre que arrojó un huevo a la gobernadora subrogante de Valparaíso.
"La disparidad de criterios no es exclusiva del gobierno. Políticos de todos los sectores suelen mirar la realidad con gafas diferenciadas según el color político de los responsables", critica Matamala.
"Pero es el Ejecutivo el que puede acusar a los ciudadanos, perseguirlos y usar la fuerza pública en su contra", asegura, pero advierte que cuando esto se usa arbitrariamente y discriminando por distintos motivos, el Gobierno "deja de ser garante del estado de derecho".
"El uso discriminatorio de la LSE es sólo uno de los indicios alarmantes", prosigue e indica que esa misma lógica de "amigos y enemigos" marcó la gestión de Victor Pérez, sobre quien cuenta algunas ocasiones en que el exministro habría "utilizado" su cargo de esa manera.
"Se aleja, paso a paso, del ejercicio democrático para deslizarse por la pendiente resbaladiza de la autocracia. Y así degrada la ley. Para usar la palabra de moda: la convierte en un utensilio de acción partidista", concluye Matamala.
Caso Mapuche frente al de la fiscal Chong
"En septiembre, siete comunidades mapuches entregaron una carta en la oficina de partes de la Intendencia de La Araucanía", narra al comienzo de su columna Matamala, "en ella amenazaban con realizar tomas de terrenos, como parte de 'un proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades'".
Matamala cuenta que tras este hecho, el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció una querella en contra de los pobladores invocando la LSE, quien argumentó que nadie podía amenazar con delinquir "sin tener ninguna sanción por ello".
Luego el periodista se refirió al procedimiento que utilizaron las ocho personas involucradas en las amenazas a la fiscal Chong, contando que "usaron tres automóviles, entre ellos un Volvo, y dos motos, con patentes adulteradas. Mientras los vehículos vigilaban el perímetro, los motoristas entregaban una carta".
“Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad sicológica y física, entonces está en lo correcto”, decía la carta.
Tras esto se refiere al armamento que fue encontrado en sus domicilios, entre ellos una subametralladora Uzi, y que fue referido por el subsecretario del Interior como "utensilios" de no gran importancia.
"Para nuestro gobierno, una carta entregada en una oficina de partes, amenazando con tomas de terrenos, es un atentado contra la seguridad del Estado, pero un operativo paramilitar contra la casa de una fiscal para amedrentarla, no lo es" reflexionó Matamala.
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